El Gobierno apaga nueve canales de televisión

Si el Ministerio de Industria no lo solventa, dentro de seis semanas los espectadores contarán con nueve cadenas menos en sus pantallas. De las 24 licencias nacionales, se pasará a 15. La solución que evite este desastre no es compleja y no requiere un movimiento de tal calibre que vaya a revolucionar el espectro audiovisual español o que provoque un terremoto que haga saltar las alarmas en Bruselas. Solo con un real decreto se puede evitar que los televidentes españoles se queden sin nueve canales, que decenas de trabajadores se vayan a la calle, que las empresas pierdan su inversión o que las productoras se queden sin un lugar donde dar cobijo a sus propuestas. Una solución que el sector ha colocado encima de la mesa del ministro José Manuel Soria y que éste ha desechado en varias ocasiones.

Para entender este conflicto, «de fácil solución», insisten de forma permanente fuentes del sector, hay que remontarse hasta 2004, cuando el Gobierno socialista plantea y diseña el viaje del modelo analógico a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Una travesía pagada por las cadenas de televisión y que es modelo en todo el mundo por su ejecución, ya que en apenas cuatro años España contaba prácticamente con la TDT instalada en todos los hogares.

Un cambio que dio pingües beneficios a diferentes sectores (antenistas, fabricantes de receptores de TDT para poder adaptar los viejos aparatos al siglo XXI o de televisores.) y unos gastos de «cientos de millones» para las cadenas privadas, que se vieron obligadas a levantar de la nada numerosos canales secundarios para que la TDT avanzara igual que el resto de Europa. «Más canales implica el doble de gasto, pero no el doble de ingresos», señalan fuentes del sector.

Este cambio de modelo televisivo, del analógico al digital, se produce tras la aprobación de una nueva ley audiovisual en mayo de 2010 que recoge que no se podrá conceder ninguna licencia sin concurso. El 16 de julio de ese mismo año, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero asignaba un múltiplex digital de cuatro cadenas y con cobertura nacional a las seis sociedades que entonces operaban en España. Pero este reparto fue recurrido ante el Tribunal Supremo (TS), que dio la razón a Ingest 2002 en su planteamiento con una sentencia de noviembre de 2012. El 22 de marzo de 2013, el Gobierno decidía en Consejo de Ministros revocar la decisión de otro Consejo de Ministros, en este caso socialista, y anulaba la concesión de las licencias. Según el reparto previsto, Mediaset (Cuatro y Telecinco), Veo TV (Unidad Editorial) y Net TV (Vocento) perderían dos canales, mientras que Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) se quedaría sin tres.

Pero el fallo del TS no solo daba la razón a los demandantes, sino que abría la puerta a su solución: un simple real decreto o una disposición transaccional. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero cometió el error garrafal de aprobar la ley audiovisual un mes y medio antes de dar luz verde a los nuevos canales. «Pero estas cadenas son anteriores a la ley que se aprobó en mayo de 2010. Nacen antes, durante el desarrollo de la propia TDT», argumentan desde el sector, recalcando además que todas estas cadenas cumplen escrupulosamente la ley: «Todas tienen su licencia. ¿Dónde se ha visto que un Gobierno cierre nueve cadenas sin más? No pasa ni en Venezuela».

Sin contacto

Desde la decisión del Gobierno de cerrar los canales, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha intentado hacer comprender al ministro Soria de que la solución a este conflicto no está en el cierre de los canales de televisión, que afecta al 7% de la audiencia, y que tiene efectos colaterales. La Embajada estadounidense también ha hecho llegar al Ejecutivo de Mariano Rajoy su preocupación por los efectos que puede tener en compañías del país como Disney, Viacom, Discovery Channel o Sony, que se pueden quedar sin televisión. Esta situación también ha provocado que otros canales hayan decidido marcharse o trasladarse a una plataforma de pago ante semejante inestabilidad.

Durante ocho meses, Uteca e Industria mantuvieron contactos, que cesaron el 9 de enero de forma incomprensible. El sector no supo nada de Soria hasta el pasado jueves, cuando anunció el cierre de los nueve canales para el 6 de mayo. La patronal de las cadenas criticó que la pasividad de Industria, «que ha tenido la oportunidad, como ha hecho en otros sectores, de subsanar el defecto administrativo señalado por el TS, pues, como la sentencia reconoce abiertamente, los operadores privados han dado pleno cumplimiento a todas las múltiples y gravosas obligaciones exigidas legalmente desde 2005 hasta hoy». Sin embargo, Industria optó por «hacer recaer su responsabilidad sobre los operadores y especialmente sobre los ciudadanos, quienes serán los principales perjudicados por esta inaudita medida, sin ningún antecedente conocido en países democráticos, que reduce drásticamente la oferta audiovisual y el pluralismo televisivo», según indicó en un comunicado Uteca.

Los operadores perjudicados, que tienen diez días para contestar al requerimiento de Industria, han solicitado amparo al Tribunal Constitucional, pero temen que cualquier medida preventiva (como la suspensión de la sentencia del TS) llegue demasiado tarde, dado que el plazo dado por Industria finaliza el 6 de mayo. Y los perjudicados, además de las cadenas que han invertido cientos de millones, serán los ciudadanos a los que se les hurtará parte de la oferta televisiva.