La oposición se une al intento de municipios y autonomías de tumbar la reforma local

Toda la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy, a excepción del PNV, fue ayer de la mano al Tribunal Constitucional para que la corte tumbe la ley de reforma de las administraciones locales que el Congreso de los Diputados aprobó en la última semana de 2013.

Los representantes de PSOE, IU y UPyD en el Congreso y de varios partidos integrados en el Mixto, Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria y Compromís, registaron un recurso unitario en el Tribunal Constitucional en el que reclaman que se declare la ilegalidad de varias decenas de sus artículos y disposiciones. En resumen, consideran que la reforma invade la autonomía local y las competencias de las comunidades, que pone en peligro la pervivencia política de miles de ayuntamientos, y que en la práctica liquida la atención municipal directa a los más desfavorecidos justo en el punto más álgido de la actual crisis económica y social.

Los recurrentes suman 130 de los 350 escaños del Congreso, pero su portavoces defendieron ante la puerta del Constitucional que aunque no cuentan con la mayoría en las instituciones, en manos del PP, si que creen que representan a «una mayoría social», que aseguran rechaza la reforma.

La embestida legal de la oposición parlamentaria a una norma en la que los populares solo obtuvieron el apoyo de los nacionalistas vascos se suma a la impugnación de la ley ante el mismo tribunal realizada por la alianza de unos 2.500 municipios españoles de todos los colores y por seis ejecutivos o parlamentos autonómicos, los de Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias, Extremadura y Navarra.

Contestación inédita

En los dos últimos casos, por tratarse de comunidades autónomas gobernadas en minoría por el PP y su aliado electoral Unión del Pueblo Navarro, la presentación de las impugnaciones estuvo forzada por un pacto de toda la oposición, que ganó las votaciones que reclamaban los recursos en llas cámaras extremeña y navarra.

Se trata, sin duda, de una de las leyes más ampliamente contestadas e impugnadas de esta legislatura. De hecho, es la primera vez que los municipios españoles consiguen recurrir directamente una norma ante el Constitucional, a través de una vía muy compleja y gravosa denominada conflicto en defensa de la autonomías local, que exige del apoyo de al menos la séptima parte de los municipios concernidos, en este caso unos 1.160, y que sumen, a su vez y como mínimo, a la sexta parte de la población del país, unos 7,8 millones de personas.

La movilización general, en la que han participado desde diciembre consistorios con mayorías de PSOE, PSC, IU, Iniciativa, Chunta Aragonesista, UPyD, CiU, Esquerra, BNG, Coalición Canaria, Compromís y de múltiples listas locales de independientes, logró reunir los avales para la impugnación de casi 2.500 ayuntamientos, con el de Barcelona a la cabeza, que representan a una población de casi 16 millones de españoles. Se cumplieron con creces los requisitos mínimos.

La reforma da de plazo a los ayuntamientos hasta final de 2015, una vez celebradas las elecciones municipales, para dejar de prestar servicios sociales ajenos a sus competencias y que deberán ser asumidos por las comunidades autónomas. Lo mismo ocurrirá con los servicios sanitarios y educativos que ofrecen sin competencia, pero en este caso tienen de plazo transitorio hasta 2018.

La ley fija también topes máximos de remuneración de alcaldes y concejales según la población, la posibilidad de fusiones de consistorios si así se decide por mayoría, la supresión de las mancomunidades de servicios que no cumplan determinados parámetros de gestión, y la asunción por las diputaciones de la prestación de servicios básicos, como agua, alcantarillado o basuras, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, más del 80% del total nacional, siempre que no alcancen las exigencias de calidad y coste que fije el Gobierno.