Del 7-5 a la unanimidad, un pacto 'in extremis' y en grupo reducido

El pacto que permitió, contra todo pronóstico, que el Tribunal Constitucional emitiese el martes una sentencia unánime sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán fue un acuerdo 'in extremis', cerrado apenas horas antes del pleno que concluyó el debate, y que estuvo propiciado por unas intensas negociaciones previas lideradas por un grupo reducido de magistrados en las que se diseñó la resolución de mínimos. Durante meses, como dejó claro el último debate en pleno, en febrero, las posturas permanecieron inamovibles.

Todos aceptaban que la soberanía nacional es indivisible, como dicen los dos primeros artículos de la Constitución. Por lo que en el marco actual es inconstitucional que Cataluña se considere «sujeto político y jurídico soberano» pues solo lo es el pueblo español. Sin embargo, mientras los siete conservadores abogaban por anular la declaración al completo, por ver en ella claros efectos jurídicos, los cinco progresistas se oponían, por no ver estos efectos y considerarla solo un deseo político.

No obstante, los doce magistrados tenían claro que estaban ante un asunto de altísima relevancia constitucional en el que tenían que esforzarse por fijar unas mínimas, pero claras, líneas rojas que evitasen un fallo con la corte partida en dos, como ocurrió con el Estatut, que aumentase la confusión y el desprestigio del tribunal. Para llegar al mínimo común denominador, se creó este mes un grupo de trabajo con el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y el también conservador Pedro González-Trevijano, y la vicepresidenta y ponente del fallo, Adela Asua, y el también progresista Juan Antonio Xiol. Tras un análisis punto a punto de la declaración, hicieron cesiones mutuas que, a su vez, pactaron con sus compañeros de sensibilidad.

Líneas rojas

El resultado fueron tres líneas rojas: no hay más sujeto jurídico de soberanía que todo el pueblo español; ninguna comunidad puede convocar, por tanto, de forma unilateral un referendo de autodeterminación; y cualquier cambio en el sujeto de soberanía o ejercicio del derecho a decidir requiere de una reforma de la Constitución conforme a los procedimientos reglados. Se anula solo el punto que declara la soberanía de Cataluña porque, aunque todos están de acuerdo ahora en que no tiene efectos jurídicos directos, todos admiten que puede tenerlos.

Por contra, los progresistas evitaron una resolución que satanizase o vedase las aspiraciones políticas de los soberanistas. No se anula nada más del texto, incluidas la referencias al derecho a decidir, porque se consideran una aspiración política que puede predicarse, perseguirse e incluso lograrse porque la Carta Magna es revisable sin límites siempre que existan las mayorías parlamentarias necesarias. Entre las líneas rojas y el libre albedrío para que la voluntad nacional modifique, si así lo desea, los sujetos de soberanía y el derecho a decidir está el diálogo institucional. Y eso, concluyen, es cosa de los políticos.