Los jueces fuerzan al Gobierno a suavizar la ley de Seguridad Ciudadana

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, da su brazo a torcer y está dispuesto a dulcificar el que iba a ser su proyecto estrella, la nueva ley de Seguridad Ciudadana, la norma que debía dotar, según el Gobierno, a los policías y guardias civiles de nuevas armas para hacer frente particularmente a la creciente conflictividad social.

Las duras críticas al anteproyecto de los dos ponentes del Consejo General del Poder Judicial, que han elaborado el informe que deberá ser refrendado hoy en el pleno del órgano de gobierno de los jueces, han terminado de convencer a Interior de que la conocida como 'ley Fernández' es inviable en sus actuales términos. Y que de salir adelante, el Tribunal Constitucional la echaría por tierra en el primer recurso. Según fuentes de este departamento, el Ejecutivo está dispuesto a modificar hasta una quincena de artículos, los más polémicos, que los ponentes, el conservador Wencesalo Olea y la progresista María Victoria Cinto, han tildado, incluso, de «contrarios a la Constitución».

Los juristas de Interior, a la espera del resultado del debate en el pleno del Poder Judicial, ya trabajan para cambiar la regulación de los cacheos, que el gobierno de los jueces consideraba «incompleta e imprecisa», hasta el punto que no se limita el «registro externo y superficial», lo que no excluía «la práctica de desnudos, siquiera parciales».

También probablemente desaparecerá el empeño de Interior por tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracciones administrativas. Un cambio que, en realidad, hurtaba a los jueces la potestad de imponer la sanciones, dejando todo en manos de la Administración en un proceso en el que, a diferencia del penal, las declaraciones de los agentes que denunciaba gozaban de «carácter probatorio» y no de meras pruebas testificales.

Se modificará por completo el nuevo precepto que daba luz verde a que las fuerzas de seguridad pudieran «retener» a cualquier persona sospechosa de haber cometido una «infracción» por no llevar encima la documentación o negarse a facilitarla. El informe del Poder Judicial apuntaba que esa parte de la ley era «difícilmente compatible» con el artículo 17 de la Constitución, que garantiza que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad» y que «nadie puede ser privado de su libertad». Un precepto que también violaría, de acuerdo con el Poder Judicial, la 'ley Fernández' cuando autorizaba a hacer controles aleatorios de identificación para descubrir las personas que hubieran incurrido en una «infracción» (no delito), lo que equivale a «reconocer la posibilidad de una detención por faltas penales o infracciones administrativas».

«Derecho fundamental»

Desde luego, según estas mismas fuentes, también va a caerse otro de los artículos polémicos y que con mayor dureza han criticado jueces y organizaciones sociales, la obligación de empresas y empleados de seguridad privada de colaborar con las fuerzas de seguridad en la «disolución de reuniones y manifestaciones». El Consejo ya ha advertido al Gobierno de que trataba de limitar con su ley el «ejercicio de un derecho fundamental» que la Constitución deja solo en manos de la autoridad gubernativa. O sea, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Otro tema que va a ser matizado guarda directa relación con las 'marchas de la Dignidad' y los altercados durante las mismas en Madrid el pasado sábado. La Delegación del Gobierno en Madrid va a sancionar a los «organizadores y promotores» de aquellas protestas. Sin embargo, el Poder Judicial ha avisado de que permitir este tipo de penas «contraviene el principio de personalidad de la sanción, al hacerles responsables de la conducta de un tercero más que de la propia».

Interior también tiene en mente retocar el artículo que regula las «medidas extraordinarias» en situaciones de emergencia, entre las que se incluían hasta ahora las de prohibición de paso y retención de personas. El Poder Judicial se mostró muy crítico con este precepto, hasta el punto de que aconsejó «suprimirlo» ante «lo incierto de cuáles son las personas a las que la medida puede afectar y la más que cuestionable constitucionalidad» de esas medidas «en particular la retención».

Saldrán también del texto los ultrajes a los símbolos y emblemas de España o de las comunidades, que el gobierno de los jueces tuvo que recordar que poco o nada comprometen la seguridad pública.