Paso del ecuador en un Parlamento a medio gas

Hoy hace dos años de las elecciones autonómicas cuyo resultado hizo posible un pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida por primera vez en la historia autonómica. Unos comicios que dibujaron otro Parlamento con mayoría del PP (50 diputados), pero cuyas decisiones iban a seguir estando en manos de la izquierda formada por PSOE (47 diputados) e IU (12). El acuerdo de gobierno entre estas dos formaciones, firmado a finales de abril y puesto en práctica tras la toma de posesión del nuevo gobierno el 7 de mayo de 2012, contenía el compromiso de aprobar, entre otras cuestiones, 27 leyes, de las que hasta ahora solo una ha visto la luz, la ley de Transparencia. El Pleno del Parlamento abordará este jueves la enmienda a la totalidad de esta norma, que pretende conquistar la credibilidad de los ciudadanos en la política.

El PP, partido que ganó las elecciones andaluzas por primera vez aquel 25 de marzo, pero sin la mayoría absoluta para gobernar en solitario, no presentará enmienda a la totalidad, según anunció el presidente de este partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno. Con este gesto, Moreno quiere dar credibilidad a su oferta de diálogo a la presidenta andaluza, Susana Díaz, sobre asuntos de gran importancia para la ciudadanía. El PP no pedirá el rechazo de la ley y está dispuesto a «enriquecerla» durante el trámite, según su portavoz, Carlos Rojas.

La entrada de la ley en trámite parlamentario coincide además con el inicio de conversaciones entre los tres grupos de la Cámara, en principio para adaptar el reglamento de esta a la futura ley de Transparencia. Hacía casi un año que los grupos no se sentaban a hablar y pactar, desde que negociaron el relevo del Defensor del Pueblo. Sobre la mesa hay otras cuestiones pendientes, como la renovación del Consejo de Administración de la RTVA y la elección de su director general, que debe ser por mayoría de tres quintos de los diputados si se mantiene la actual norma. En la actualidad, el subdirector general, Joaquín Durán, hace las veces de director general.

La actividad en el Parlamento en estos dos años ha sido más bien escasa. La excepción fue la comisión de investigación sobre el caso de los ERE fraudulentos, que terminó con unas conclusiones que defraudaron a todos. El dictamen solo pidió responsabilidades políticas al ex director general de Trabajo que firmó la mayoría de las ayudas fraudulentas, Javier Guerrero , cuando PP e IU, que suman mayoría, defendían en sus propuestas subir hasta los consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. Como IU no respaldó que las responsabilidades tocaran a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el PP tampoco votó su propuesta de dictamen.

El bipartito PSOE-IU está siendo lento en las leyes prometidas, aunque se ha prodigado con numerosos decretos leyes. El más sonado fue el de abril de 2013 que promovía paralizar los desahucios, recurrido por el Gobierno de Rajoy por invasión de competencias lo mismo que la ley de lo mismo aprobada después en octubre del pasado año. Una ley no incluida en el acuerdo PSOE-IU, pero que fue la primera en debatirse por el Parlamento esta legislatura.

En estos dos años, los dos partidos coaligados se han comprometido varias veces a pisar el acelerador, aunque luego el propósito quedó sin cumplirse. La última a comienzos de este año. El compromiso ahora es que antes de junio lleguen al Parlamento leyes como la de la Memoria Democrática (cuyo anteproyecto ya se aprobó hace dos semanas), la de Participación Ciudadana y la nueva ley de fiscalidad que persigue el fraude en las ayudas sociales y cuyo anteproyecto también se vio en septiembre.

Por ahora el Parlamento solo tiene en recámara, además de la ley de Transparencia, otra proposición de ley presentada por PSOE e IU para dar cobertura social a los transexuales y una iniciativa popular para modificar la ley electoral inspirada por UPyD.