Interior advierte de que usará la máxima firmeza contra cualquier algarada callejera

El ministro del Interior ha dado órdenes a todos los delegados del Gobierno, especialmente a la de Madrid, para que actúen «con toda firmeza» contra cualquier algarada callejera violenta o «acto de vandalismo» como los registrados el sábado por la noche en la capital de España, al término de la 'Marcha por la Dignidad', que concluyeron con importantes destrozos en el mobiliario urbano y en negocios y un centenar de heridos, la mitad de ellos policías.

Jorge Fernández Díaz, que condenó «enérgicamente» los incidentes que convirtieron durante más de una hora los aledaños de la madrileña plaza de Colón en una batalla campal entre radicales y antidisturbios, dejó claro ayer a todos que no está dispuesto a permitir que este tipo de algaradas, en las que dijo que se produjeron ataques «brutales» a los agentes que les causaron «violentas lesiones», se reproduzcan y menos a que se generalicen durante las próximas horas o días.

El ministro, como después también hizo la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, exigió a los partidos, sindicatos y organizaciones convocantes de la 'Marcha por la Dignidad' que dejen claro que la explosión de violencia fue ajena a su movilización y condenen y repudien a quienes atacaron con palos, barras de hierro, piedras, botellas y bengalas a la Policía, arrancaron y quemaron papeleras, contenedores y maceteros, y destrozaron las terrazas y cristaleras de varios negocios de hostelería y de una entidad bancaria.

Ambos mostraron su apoyo y solidaridad al medio centenar de agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional y a la decena de policías locales madrileños que resultaron heridos en la refriega -todos ya dados de alta-, al tiempo que destacaron su «gran profesionalidad», pero ninguno expresó la más mínima autocrítica por los sucesos ocurridos junto a Colón cuando todavía la zona estaba llena de manifestantes.

Sin autocrítica

Los responsables gubernamentales atribuyeron toda la responsabilidad de lo ocurrido a los grupos de radicales violentos de «ultraizquierda», bastantes de los cuales, insistieron, llegaron de otras regiones y tienen antecedentes por hechos similares, y destacaron su agresividad y organización. «No he visto antes en ninguna manifestación una violencia así», aseguró Cifuentes.

Sin embargo, su análisis difiere mucho del que realiza el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la central mayoritaria del cuerpo, y el Sindicato Independiente de la Policía.

Ambas organizaciones no tienen ninguna duda en que el gran número de policías heridos el sábado, varios de los cuales sufrieron patadas y conmociones en la cabeza, fracturas de dientes, cuchilladas, brechas y contusiones múltiples, fue el resultado, además de la violencia de los radicales, de los «errores» de planificación y de coordinación en la dirección del despliegue de los antidisturbios, que los expusieron a «riesgos innecesarios» y a la agresión de los extremistas.

El comunicado del SUP señala que «nunca los miembros de la UIP (antidisturbios) se han sentido tan desamparados por los responsables policiales y políticos», lo que, concluye, «debe suponer la dimisión del responsable o responsables». Prueba del gran malestar es la insólita concentración, ayer, ante la comisaría madrileña de Moratalaz, de unos 200 antidisturbios de paisano que exigieron la asunción de responsabilidades por los fallos.

Los dos sindicatos coinciden en que el momento de mayor peligro, cuando unos 15 agentes quedaron aislados junto a Colón, sin posibilidad de apoyo de otras unidades y a merced de cientos de radicales, fue culpa de las directrices de los mandos, como también la orden inicial de «aguantar» y no utilizar los medios antidisturbios. A sus quejas se unieron las de asociaciones de la Policía Local de Madrid, que exigieron a la alcaldesa, Ana Botella, que si quiere convertirlos -como el sábado- en antidisturbios al menos los dote de preparación y medios.

Los 24 detenidos en los enfrentamientos del sábado -tres menores- seguían ayer recluidos en los calabozos policiales, a la espera de que, posiblemente hoy, sean puestos a disposición judicial por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, vandalismo y destrozos.