
El Ayuntamiento decide querellarse contra el socialista Conrado Rodríguez
Los servicios jurídicos municipales entienden que hay motivos suficientes para denunciar unas presuntas acusaciones al regidor por prevaricación
SAN FERNANDO. Actualizado: GuardarEl lío llegó en el pleno del pasado mes de febrero. El PSOE sacó a la palestra, en medio de un punto económico, una serie de facturas por un valor de 9.000 euros por eventos fuera de programa en el Real Teatro de Las Cortes. Lo que llamó la atención de los socialistas es que los pagos se debían de realizar a la mercantil Melkart Técnica y Soluciones SL, cuya única titular es la hermana del parlamentario andaluz Rafael Ruiz Canto y que según el registro mercantil realiza labores de reforma, rehabilitación y conservación de inmuebles. Sin embargo, las facturas son correspondientes a servicios de personal técnico, de sala y limpieza del Real Teatro de Las Cortes.
Fue el socialista Conrado Rodríguez el que solicitó una aclaración de lo que estaba sucediendo, acogiéndose a un informe del interventor que según el concejal de la oposición recogía «irregularidades» en la contratación de esta empresa. De hecho, en el escrito se resalta el incumplimiento de la normativa sobre Contratación, el Reglamento de Contabilidad y Fiscalización del Ayuntamiento de San Fernando y de la Ley de Lucha contra la morosidad. Todo ello por fasear un mismo servicio para que la cantidad no traspase el límite que obliga a que se tenga que realizar concurso público. Aunque el PP se escudó en que eran eventos extraordinarios y lo «lógico» era que lo realizara la misma empresa, aunque estén fuera de contrato.
Ya el alcalde, José Loaiza, en la misma sesión, anunció la posibilidad de imponer una querella si no se retractaban las acusaciones vertidas en la sesión. Posteriormente mandó a los servicios jurídicos municipales estudiar las actas del pleno, para constatar si en la intervención del socialista habría motivos para denunciarle por suponer un trato de favor y un delito de prevaricación del regidor con respecto a esta mercantil.
Ayer el propio Loaiza anunció que al no haber rectificado ni pedido perdón por sus palabras, el Ayuntamiento seguirá para delante y comenzará los trámites para imponer una querella criminal a Conrado Rodríguez. Los servicios jurídicos consideran que hay base para elevar el caso a los juzgados y el primer edil cumplirá con la amenaza que lanzó en la sesión plenaria tras las palabras del concejal socialista, que en el debate se reafirmó en lo dicho volviéndose a acoger al informe elaborado por el interventor.
«Acusó al alcalde y al equipo de Gobierno de prevaricación y ahora tendrá que demostrarlo ante la Justicia. Si sabe que estoy cometiendo un delito debe acudir a los juzgados, pero para ello hacen falta pruebas. Ya que él no se atreve pues lo llevo yo. No he delinquido ni actuado de mala fe en ninguna de mis gestiones. Me podría haber equivocado a la hora de tomar alguna decisión porque soy humano, pero siempre he actuado dentro de la legalidad, por lo que solo los ciudadanos tienen la capacidad de reprender mis errores en las urnas», expresó el propio Loaiza. Además expuso que el propio parlamentario andaluz, Rafael Ruiz Canto, también tiene decidido interponer este recurso en contra de Conrado Rodríguez. «O al menos es lo que tengo entendido».
Y todo ello cuando actualmente esta empresa ya no presta el servicio en el Real Teatro de Las Cortes. La concesión finalizó el pasado mes de diciembre y el Ayuntamiento realizó un contrato puente para el que pidieron a varias empresas del sector que presentaran su oferta. El regidor confirmó que esta mercantil intentó realizarse de nuevo con el servicio, pero convenció al Consistorio otra oferta.
Es decir, que actualmente hay otra adjudicataria encargada de realizar los servicios del Real Teatro de Las Cortes, pero no es la definitiva, ya que se está elaborando un nuevo pliego de condiciones para presentar el contrato a un concurso público y elegir, entre las diferentes ofertas, aquella que ofrezca una mejor relación entre calidad y precio.