Una procuradora sigue reclamando un millón de euros a 17 familias del Yak
Arantxa Novoa quiere cobrar de las víctimas su disputa con el bufete de abogados y los afectados denuncian su indefensión
MADRID. Actualizado: GuardarLejos de ceder en su empeño de litigar contra 17 familias de militares fallecidos en el accidente del Yak-42, la procuradora Arantxa Novoa Mínguez mantiene la idea de reclamarles un millón de euros por los gastos de representación, entre 50.000 y 80.000 euros por cada cliente.
La procuradora sigue litigando de forma directa contra las familias para remediar una disputa con el bufete de abogados que la contrató, Martín-Chico, que defendía a los demandantes. Tal es la situación que un Juzgado de Zaragoza envió el pasado febrero notificaciones a los afectados solicitando los pagos.
La representante legal fue contratada directamente en Zaragoza por el despacho de abogados, que certificó que abonarían sus honorarios cuando se ejecutara la sentencia. Llegados a este punto el bufete y la procuradora no llegaron a un acuerdo económico y en mayo de 2013 Arantxa Novoa pidió el millón de euros a las familias de los militares, viudas, hijos o hermanos.
Entonces, los afectados pusieron el grito en el cielo y denunciaron la situación. Pero diez meses después han visto cómo las cosas se han complicado y un juzgado ya ha intervenido. El desamparo es total, dicen.
«Escandaloso abuso»
Para ser gráficos, la procuradora solicita cobrar sólo a una viuda casi 2.000 euros por un simple recurso en 2010 ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. A ello hay que sumar otras facturas a hermanos, padres o huérfanos de sus 17 clientes. «Está fuera de toda lógica», señalan los afectados del accidente del avión militar en Turquía en 2003, en el que fallecieron 62 militares cuando volvían de Afganistán.
Otro ejemplo. Un hermano de una víctima mortal, que debería percibir 3.000 euros de indemnización, le correspondería pagar a la procuradora 8.100 euros. Es decir, la muerte de su hermano le costaría dinero. «Estamos ante un escandaloso abuso del que debe tomar parte el juzgado que ejecuta la sentencia», confía uno de los perjudicados, que prefiere el anonimato.
«La procuradora ha elegido el camino más fácil, ir al eslabón más débil de la cadena, los familiares, algunos con graves problemas económicos. Sin haber cobrado aún (las indemnizaciones), se deben abonar unas cantidades exageradas que les corresponderían a sus abogados por contrato y no a nosotros», afirma.