La Audiencia Nacional en pleno valorará si los casos de justicia universal van al Constitucional

«Se trata de un asunto trascendente y el debate jurídico debe ser amplio y con criterios de actuación comunes». La reflexión el pasado lunes de un fiscal de la Audiencia Nacional no dejaba dudas del horizonte que iba a adquirir la entrada en vigor de la reforma de la justicia universal, aprobada en solitario por el Gobierno. Dicho y hecho. Desde ese día, cuando la ley se pone en marcha, jueces y fiscales del tribunal comienzan a mostrar resistencia al archivo automático de la docena de causas abiertas por delitos de lesa humanidad.

El primero fue el juez Santiago Pedraz, titular del Central de Instrucción número uno, en el 'caso Couso'. La muerte del cámara de Telecinco en Irak, en mayo de 2003, se enmarca en unos hechos cometido en un conflicto armado y la Convención de Ginebra que protege a las personas en ese ámbito me ampara, vino a decir Pedraz para no archivar el sumario y desoír la reforma del Ejecutivo. «Es una decisión ideológica», le recriminó el vicesecretario de organización del PP Carlos Floriano.

El atrevimiento de Pedraz no fue secundado por sus compañeros instructores. Estos prefirieron ir por la vía ordinaria de preguntar primero a las partes sobre si sus casos tenían cabida con la nueva ley. Él único diferente fue Eloy Velasco, que elevó cuestión de competencia al Tribunal Supremo por el sumario de la muerte de los seis jesuitas en El Salvador en 1989.

El martes a mediodía llegó la respuesta de la Fiscalía de la Audiencia a Pedraz. El teniente fiscal Jesús Alonso le acusó de extralimitarse en sus competencias por negarse a cerrar la investigación del 'caso Couso' y remitir el sumario a la Sala de lo Penal, su superior jerárquico, que debía de decidir si lo archiva o le permite continuar con la instrucción.

Para ser un escrito muy técnico, el fiscal Alonso intervino en términos duros. Sin embargo, la clave de su respuesta estaba en un párrafo en el que sostenía, como posición más o menos oficiosa del Ministerio Público, que la reforma de la justicia universal podría contener aspectos inconstitucionales, ya que «puede suponer» la vulneración de la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y el principio de independencia.

Unanimidad

La posición del órgano que defiende el interés público también apostaba porque un asunto de este calado lo resolvieran todos los magistrados de la Sala de lo Penal, reunidos en pleno, y que en ulterior caso acabaran presentando cuestiones de inconstitucionalidad para que el tribunal de garantías resolviese si la reforma de la justicia universal vulneraba la Carta Magna.

No estaba en ningún punto del orden del día del pleno celebrado ayer, pero el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, preguntó a los 17 magistrados si los recursos de justicia universal los veía el cónclave o las diferentes secciones. Y la respuesta fue unánime: el pleno. Así, a partir de la próxima semana se conocerá la posición común de la sala sobre estas causas y la reforma legal.

La limitación de la justicia universal fue tramitada de urgencia por el PP y obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano español o extranjero que resida en España. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o de la Fiscalía, no de una acusación popular.