De Torre: «El acuerdo con Hacienda permite ordenar las cuentas»

Un alivio en la gestión para una ciudad que viene padeciendo numerosos problemas causados por la situación en la que se encuentran las arcas municipales. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, trasladó ayer al subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, la resolución remitida al Ayuntamiento por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «en la que se autorizan las medidas extraordinarias solicitadas dentro del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra la Morosidad de las Administraciones Públicas y de Apoyo a las Entidades Locales con problemas financieros».

De Torre destaca al respecto que el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento permitirá ordenar definitivamente las cuentas municipales y señala que «es, sin duda, una buena noticia no sólo para el Ayuntamiento sino para los jerezanos, porque el acuerdo permitirá también reducir considerablemente la deuda con esos dos organismos públicos». Además, recalca que la resolución es «muy positiva», por lo que ha felicitado a la alcaldesa y a su equipo, en especial al área de Economía.

El subdelegado recuerda que el Gobierno actual «se encontró un escenario muy difícil cuando inició la legislatura», destacando que «el gran trabajo desarrollado está consiguiendo ordenar el Ayuntamiento y volver a recuperar la credibilidad no sólo de los proveedores, sino de las entidades crediticias y de las administraciones públicas». Además, también ha agradecido al Ministerio «la respuesta tras las negociaciones para que el acuerdo sea una realidad».

García-Pelayo, por su parte, ha explicado cuáles han sido las claves de la negociación, entre las que ha resaltado «el calendario de pagos, que permitirá pagar el corriente y reducir la deuda a la mitad en un periodo de diez años, gracias a la liberalización de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que se ingresará en una cuenta restringida». El acuerdo también permite refinanciar la deuda a corto plazo con las entidades bancarias y pagar en siete años en vez de en cinco el exceso de los ingresos de la PIE del 2008 y 2009 que recibieron los ayuntamientos.