Eva Corrales: un silencio comprometido

En 2012, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Rota planteaba una denuncia contra el exalcalde Lorenzo Sánchez por los contratos municipales adjudicados a sus empresas. Un endogámico negocio entre la Administración que él dirigía desde 2003 y las sociedades en las que participaba que fue motivo de continuos reproches en el Pleno municipal hasta que el asunto acabó en los tribunales. Como actor secundario, siempre en segundo plano, había estado hasta esta semana la regidora popular Eva Corrales. La querella no se dirigía contra ella, aunque siempre era mencionada en la crítica política por no cuestionar a su socio de Gobierno sin el cual el PP perdería la mayoría estable que desde hace más de una década les da el control del Consistorio a ambas formaciones.

Sin embargo, la petición de la Fiscalía Anticorrupción, aceptada por la jueza instructora del nº 2 de Rota, le ha cambiado el papel a la alcaldesa, que paga ya el precio de la imputación, manteniéndose fiel a su aliado político.

Aunque la figura central del caso es Lorenzo Sánchez, la jueza ha solicitado interrogarla como imputada para que aclare una serie de adjudicaciones que se produjeron durante la anterior legislatura cuando ejercía de delegada de Fiestas hasta la renuncia de Sánchez en 2010.

Como responsable del departamento encargado de la organización de los eventos tradicionales de la localidad, en 2009 se encargó la construcción de unas carrozas y bateas. Este contrato fue adjudicado a una de las cuatro empresas que la investigación vinculan directamente con la esposa del exregidor: Pacheco Puyana S. L. (Los apellidos de la mujer de Sánchez y del exedil del PP, Ismael Puyana, también imputado).

Agua en carroza

Esta operación llamó la atención porque la empresa encargada de la licitación no fue el Consistorio, previa petición del departamento de Fiestas al que le competen por razones obvias unos elementos como unas carrozas; sino que fue la sociedad municipal de aguas Aremsa, que poco o nada tiene que ver con el servicio que se estaba contratando. Al frente de esta empresa pública como consejero delegado estaba Jesús Corrales, hermano de la actual alcaldesa aunque exdirigente de Roteños Unidos. Si bien su ideología política transmutó al andalucismo, presentándose en los últimos comicios municipales como cabeza de lista del PA.

La Fiscalía sospecha que esa extraña adjudicación a través de la empresa municipal de aguas se debía a que el contrato superaba el umbral que impedía al Ayuntamiento recurrir a un procedimiento negociado en el que se elude el concurso público; algo que los estatutos de Aremsa sí facilitaban.

Presuntamente el objetivo es que ese encargo fuera a parar a Pacheco Puyana S. L., una sociedad que crearon la esposa del exregidor y del exconcejal Puyana. Si bien, la mujer de Lorenzo Sánchez transfirió su parte a un amigo íntimo de la familia al que señalan como una suerte de hombre de paja. Esta persona es la misma que administra otra de las empresas bajo sospecha Coanda Costuras S. L., que ha contado con el aval del exregidor.

El presidente del PP provincial, Antonio Sanz, dos días después de conocerse la imputación de Corrales, salía en defensa de la alcaldesa de Rota a través de un comunicado en el que no menciona al socio de gobierno de su compañera de partido. Sanz asegura que la regidora «está muy tranquila y confía en su inocencia»; para asegurar nuevamente al tiempo que ha señalado que el PP y sus dirigentes siempre están dispuestos a colaborar en todo lo que requiera la Justicia, como no podría ser de otra manera.

Desde el PSOE de Rota, artífices del 'caso uniformes', definían la alianza entre el PP y RRUU como «el pacto de la corrupción y de los intereses personales». El secretario general de los socialistas roteños, José Javier García Arana, culpaba a los concejales populares de «seguir siendo cómplices políticos de Lorenzo Sánchez»; lo que a su juicio «unirán su futuro político al del independiente, imputado en otras tres causas». «Con estas nuevas diligencias lo que se pone de manifiesto es que estamos ante un caso de corrupción sin precedentes en nuestro pueblo, que sumado a las otras causas, suponen la situación más bochornosa de nuestros gobernantes locales en toda la etapa democrática».