PP e IU elogian la dimisión de Luciano González y PSOE sugiere que responde a los nuevos modos de Díaz

La dimisión de Luciano González como director general de la Agencia Andaluza de la Energía tras la acusación de poseer una vivienda ilegal en Junquera ha sido recibida de distinta manera por los partidos. PP e Izquierda Unida han elogiado que decidiera renunciar al cargo nada más publicarse las supuestas irregularidades de la casa, mientras que el PSOE ha sugerido que la rapidez en su dimisión responde a los nuevos modos del Gobierno de Susana Díaz.

La polémica no parece que vaya a tener mucho más recorrido. Los partidos parecen darse por satisfechos con la marcha del político malagueño, pese a que la noticia (publicada por 'El Confidencial') de que su casa de campo en Junquera, en una finca de 10.800 metros, es ilegal coincidió con la aprobación del programa estrella del Gobierno socialista, el de la construcción sostenible. Este programa, que incentiva la rehabilitación de viviendas para ahorrar en energía, ha sido elaborado por la agencia que dirigía desde hace dos meses. Es más, Luciano González debía ser quien coordinara el desarrollo del plan, dotado con 200 millones de euros de fondos europeos y anunciado a bombo y platillo por la presidenta tras una reunión con la mesa de la construcción el pasado febrero.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López Gabarro, hizo alusión a esta circunstancia de forma irónica. «Es curioso que el director de Energía proponía un plan de ahorro energético y hemos visto todos cómo era el plan: el único que ahorraba era él», dijo en Córdoba en alusión a que se le acusa de enganchar la luz y el agua a la casa de forma irregular.

Para la dirigente del PP, esta es una «fotografía clara de cómo gestiona la Junta». Una percepción que el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, descarta de forma tajante. Jiménez subrayó a este periódico que la dimisión de González el pasado lunes, tan solo 24 horas después de publicarse la supuesta ilegalidad de su vivienda, son un ejemplo de cómo el Gobierno de Susana Díaz aborda cualquier comportamiento irregular de los cargos de la Junta. «Ante la más mínima sospecha de comportamiento irregular, el Gobierno lo tiene muy claro, si no se puede explicar, no puede seguir», manifestó Mario Jiménez a este periódico.

En su discurso de investidura como presidenta, Susana Díaz se comprometió a «combatir» sin contemplaciones la corrupción. Para que fuera creíble su mensaje, un día después al anunciar su nuevo gobierno prescindió de los dos consejeros afines a Griñán que han sido señalados por la jueza Alaya, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, aunque defiende su inocencia en el caso de los ERE.

Jarro de agua fría

Aunque a Luciano González no se le acusa de corrupción, el conocimiento de que posee una casa sin la preceptiva licencia ha sentado como un jarro de agua fría en el Gobierno de Díaz. Al consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, amigo del dimitido, se le vio visiblemente consternado cuando comunicó el martes que había aceptado la dimisión de González. Dijo que este le había rogado que la aceptara para poder defenderse de las acusaciones sin manchar la imagen del Gobierno de la Junta.

Esta es la versión que creen los portavoces del PP, Carlos Rojas, e Izquierda Unida, José Antonio Castro. Rojas califica de «acertada» la dimisión y la atribuye a una «actuación personal digna de mención» del exdirector general cuando, en su opinión, lo normal en el Gobierno de la Junta era «haber intentado que resistiera» hasta que pasara la polémica.

José Antonio Castro coincide con esta teoría. Dijo que «alaba» la actitud del exdirector general de marcharse porque ha demostrado ser «coherente». «No parece un político español», dijo en alusión a que no son frecuentes las dimisiones de los cargos públicos. «No he dicho que alabara que estuviera enganchado a la luz», advirtió luego.