La oposición pide ir más allá en el asunto del hijo de Tejero
MADRID. Actualizado: GuardarEl cese del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Díez por la supuesta celebración de la asonada del 23-F en un acuertelamiento de Valdemoro, junto a su padre y otros condenados por el golpe, entre ellos el excapitán Jesús muñecas, no debería ser el fin de la historia, a juicio de distintos grupos de la oposición.
El PSOE alegó ayer que si es cierto, como dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que se enteró por la prensa de lo ocurrido quien debería haber abandonado el cargo es el director general de la misma, Arsenio Fernández Mesa. Izquierda Plural, por su parte, cree que la Fiscalía debería abrir una investigación para determinar si los asistentes al almuerzo, celebrado el 18 de febrero, incurrieron en un delito de enaltecimiento del terrorismo. El representante de IU, José Luis Centella, insistió así en que de lo ocurrido pueden desprenderse responsabilidades penales que no pueden dejarse pasar.
Las demandas del resto de grupos no fueron tan lejos. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, subrayó que Antonio Tejero Díez, jefe del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 1 de la Guardia Civil, debería asumir la mayor de las sanciones posibles dentro de lo establecido por la Justicia militar, pero no puso en cuestión que esa máxima pena no sea el obligarle a dejar un cargo que, por cierto, asumió el 23 de febrero de 2010.
CiU incluso felicitó al ministro del Interior por la rapidez con la que tomó la decisión de destituir al teniente general, a pesar de reclamar que ahora se le abra un expediente disciplinario. Fernández Díaz insistió en que hasta ayer, cuando el diario El País publicó la noticia, no había tenido ninguna información sobre un acto celebrado el 18 de febrero y que también han criticado la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Unión de Guardias Civiles. La AUGC también considera que Interior no debería quedarse en la dimisión de Tejero y reclamó a la dirección del instituto armado que abra una investigación para determinar quienes organizaron y participaron en el festejo y se «depuren responsabilidades».