El Gobierno lanza un SOS a la Unión Europea mientras manda más agentes

El Gobierno alzó el tono en Bruselas después de que ayer Melilla sufriera el mayor asalto de inmigrantes irregulares del que se tenga noticia. La primera reacción del Ministerio del Interior fue, como reconocen sus propios responsables, más «estética» que otra cosa: mandar a 120 policías y guardias civiles más a la ciudad autónoma, a sabiendas de que ese refuerzo de muy poco habría servido en un salto masivo como el de ayer. El segundo movimiento fue un llamamiento casi desesperado a las autoridades comunitarias para que se «comprometan», esta vez sí «de forma decidida», con España para buscar una salida a esta crisis migratoria que amenaza con convertirse en la mayor sufrida por Europa en los últimos años.

Fue el propio ministro del Interior, Jorge Fernández, el que en persona ordenó el despliegue urgente de refuerzos en Melilla al poco de conocer la envergadura de la última arremetida de los africanos contra el perímetro. Cien miembros más de la UIP (Unidad de Intervención de la Policía, antidisturbios) llegan a la ciudad autónoma entre el miércoles y el jueves para sumarse a los 50 antidisturbios enviados en las últimas semanas. Y otros 20 miembros más de los Módulos de Intervención Rápida (MIR) de la Guardia Civil se suman a los 60 ya desplegados.

Un operativo sin precedentes en la ciudad. Pero el propio titular de Interior ya dejó entrever que no resolverá gran cosa si la UE no echa una mano. Fernández fue el encargado de lanzar el SOS a Bruselas, repitiendo un aviso que la Unión Europea parece no querer escuchar: cuando los extracomunitarios entran en Ceuta y Melilla también lo hacen en Europa. «España ni puede ni debe dar respuesta en solitario». «Bajo el principio de solidaridad y responsabilidad compartida, la Unión Europea tiene que comprometerse de manera decidida en la resolución de un fenómeno de estas características», clamó una vez más.

Sus palabras -y quizás las noticias de la magnitud del salto de ayer- parecieron llegar a Bruselas, donde la Comisión se apresuró a anunciar que esta misma semana discutirá con los representantes del Ejecutivo español la petición de Fernández de 45 millones de euros para proyectos «urgentes e inaplazables», como el refuerzo del perímetro fronterizo y de los centros de estancia temporal de inmigrantes en Ceuta y Melilla.

«Tapar agujeros»

Pero más allá de ese dinero que el Gobierno considera que solo servirá para «tapar agujeros» de «extrema urgencia», el Ejecutivo, y muy particularmente Interior, quiere que tanto la Unión Europea como la oposición tome conciencia del tamaño del problema que se avecina si no se adoptan medidas. Jorge Fernández vio en el salto de ayer la demostración de que las cifras que maneja el Gobierno y que fueron criticadas por desproporcionadas por las ONG y los partidos de oposición son realistas. El Ejecutivo, basándose en informaciones de las autoridades marroquíes, asegura que hay unos 40.000 extracomunitarios en las cercanías de ambas ciudades esperando a saltar y otro número similar de subsaharianos a la espera de entrar en el país vecino para llegar hasta los enclaves españoles. Sólo en los últimos tres meses, 1.600 inmigrantes han logrado entrar en Melilla, según los datos del ministerio.

«Hay miles y miles de personas inmigrantes en Marruecos que pretenden ilegalmente entrar en España a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla», apuntó Fernández, quien, tras atacar a los que «cuestionaban» las cifras del Gobierno, pidió «altura de miras», «sentido de la responsabilidad» y «sentido de Estado», sobre todo al PSOE. «Si pedimos que sea una política comunitaria, hemos de empezar por ponernos de acuerdo en España», apuntó.

El guante fue recogido por el principal partido de la oposición. El PSOE pidió aplazar una semana el debate de una moción de reprobación contra Jorge Fernández por la tragedia de la playa del Tarajal, Ceuta, en la que fallecieron 15 inmigrantes el pasado 6 de febrero. La portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, condicionó la moción y un futuro pacto de Estado sobre inmigración a las explicaciones que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, dará hoy miércoles en la Comisión de Interior de la Cámara baja sobre aquella tragedia.