Un reglamento para el debate

Una propuesta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y un compromiso del Ejecutivo local. El Código de Buen Gobierno se aprobó en el Pleno de enero de 2013 y, básicamente, desde entonces sólo ha sido mencionado por la oposición para denunciar su incumplimiento en el seno de la gestión municipal.

Los tres pilares básicos de este texto, compuesto por 20 artículos definidos por el equipo de Gobierno, son la coordinación para evitar duplicidades y optimizar recursos, la participación ciudadana en el Gobierno y crear un pleno anual sobre el estado de la ciudad.

Este último ha sido uno de los más reclamados, sobre todo desde Izquierda Unida. Su portavoz, Ana Rodríguez, consideró esta medida «fundamental» en el contexto actual de la ciudad para «conocer el modelo de ciudad que defiende el Gobierno local y que a un año de las elecciones aún no han perfilado». Además, lamentó que no se haya hecho una radio y una página web municipal «más plural y con más espacio para los partidos de la oposición».

Por otra parte, en relación a la transparencia de la gestión, Rodríguez criticó que las juntas de portavoces convocadas en este periodo «hayan sido pocas y para temas muy pobres», poniendo en el lado contrario el hecho de que para temas como presupuestos, Plan General de Ordenación o remodelación de la ciudad «han demostrado que no les importa nuestra opinión».

En último lugar del balance sobre este año desde la perspectiva del Código de Buen Gobierno, la izquierdista afirmó no entender «las maniobras que se hacen con las empresas municipales», además de que tampoco se haya cumplido el acuerdo plenario de estudiar la viabilidad de municipalizar varios servicios.

En una línea muy similar se posicionó el PSOE. El portavoz, José María Román, aseguró que el documento ha tenido un «cumplimiento cero». En este sentido, enumeró una serie de «faltas de escrúpulos», como el modo de proceder «desigual y arbitrario» con los expedientes de las concesiones administrativas; la abstención en los asuntos que supongan un conflicto de intereses público y privado, «lo que no ha demostrado Andrés Núñez»; así como en relación al PGOU, «no ha prevalecido el interés general, si no de algunos particulares».

Román también señaló como «incumplimiento» la «desidia y paralización en asuntos públicos», en contraposición al principio de eficacia del código de buenas prácticas. Asimismo, en relación a los grupos de la oposición, lamentó la «falta de información, la censura en la radio municipal o las reuniones periódicas que no se han llevado a cabo». «Tampoco el alcalde cumple con el principio de integridad porque hemos visto cómo se dirige a la ciudadanía en los plenos, a veces incluso de forma despectiva o acusadora», finalizó.

En el lado opuesto, el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Núñez, declaró que el Código de Buen Gobierno Local aún «no se ha puesto en marcha dado que requiere de una modificación del Reglamento Orgánico del Consistorio». Así, aseguró que se están manteniendo conversaciones con otros ayuntamientos que ya lo han puesto en marcha «para estudiar la posibilidad de usar esos modelos en Chiclana».

No obstante, recordó que en el índice de Transparencia de los Ayuntamientos en 2013, Chiclana obtuvo 75 puntos sobre 100, siendo el segundo consistorio de la provincia de Cádiz más transparente. Mientras que en 2010, en la etapa de Román, tenía 36,5 puntos, situándose Chiclana en la «vergonzosa posición» 103 sobre 110 municipios.