Mano dura a la contratación ilegal en sectores clave

Si el fraude fiscal se redujera a la mitad en la provincia el nivel de riqueza aumentaría por dos de un plumazo. Sin embargo, esta situación es muy difícil de atajar, más bien imposible, en una zona donde la tasa de paro supera el 40,6% y la economía sumergida mueve cada año unos 5.800 millones de euros, lo que equivale al 29,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Pese a todo, la Agencia Tributaria pone todos los mecanismos que tiene a su alcance para tapar agujeros. Así, 13 inspectores (8 de la Delegación de Cádiz y 5 de Jerez) y 24 técnicos de Hacienda (19 de la oficina de Cádiz y el resto de la Delegación de Jerez) se encargan de poner coto al fraude. Según los últimos datos, la Agencia Tributaria aumentó en el ejercicio de 2012 un 4,8% con respecto al año anterior su nivel de eficacia para recuperar el dinero negro que circula en la provincia. De esta forma, el fisco ha localizado algo más de 42 millones de euros en B que se escapaban de su control por facturas falsas de IVA, impuestos de la renta irregulares, alquileres clandestinos..

La mayor parte de los fondos proceden de actuaciones de control del fraude tributario y aduanero. La cifra es ligeramente superior a la de otras campañas en las que se ha mantenido una horquilla de reintegros de entre 40 y 41 millones de euros, cantidades insignificantes si se comparan con el montante global que mueve la economía sumergida en la provincia.

Durante las dos últimas campañas fiscales de 2012 y 2013, la Agencia Tributaria reforzó el control sobre las declaraciones de IVA y del Impuesto de Sociedades, además puso el acento en el plan contra la economía sumergida, que se plasmó en inspecciones 'in situ' en eventos de especial relevancia como la Feria de Abril de Sevilla, las Fallas, las ferias de Málaga, Jerez y El Puerto, así como en el negocio hostelero que arrastra el Campeonato Mundial de Motociclismo que discurre en mayo en el Circuito de Jerez. El objetivo de los inspectores no era otro que solicitar facturas y documentación de los trabajadores y cotejar si lo reflejado en sus declaraciones correspondía con la realidad. En 2012 se realizaron 2.500 actuaciones mientras que en la campaña siguiente se llegó a las 3.000 inspecciones en Andalucía.

El Gobierno de la nación se ha marcado como objetivo prioritario sacar a la luz ese dinero negro que escapa a los ojos del fisco y que en la provincia de Cádiz, debido a la crisis, tiene uno de sus máximos exponentes. El último informe encargado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda sobre economía sumergida y dirigido por el profesor Jordi Sardá de la Universitat Rovira i Virgili, 'La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis', actualiza los datos y pone de manifiesto que la economía sumergida en Andalucía suma y sigue. Su tamaño aumentó durante la crisis hasta situarse en el 29,2% de su PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 40.500 millones de euros ocultos en la comunidad autónoma. Según se desprende del citado estudio, la tasa de economía sumergida andaluza supera en casi cinco puntos a la nacional, que se sitúa en el 24,6%, superando los 253.000 millones de euros. Entre las provincias andaluzas más afectadas destacan Almería (33,5%), Granada (32,1%), Córdoba (30,6%), Jaén (29,5%) y Cádiz (29,3%), todas ellas con más fraude que la media andaluza. En el caso de la provincia de Cádiz, se ha pasado de mover 5.332 millones de euros en dinero negro hace cinco años a 5.800 millones, lo que supone más de un cuatro de la riqueza total y un incremento en casi ocho puntos.

Demasiado dinero oculto

En un análisis de los datos nacionales, el informe revela que el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.

Este importante incremento se debió en gran medida al efecto «arrastre» provocado por la burbuja del ladrillo, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera. Al 'tsunami' inmobiliario le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el repunte del paro, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial. En el caso de Cádiz, la cifra es desoladora. Se trata de la provincia con más paro de Europa. Tiene el triste récord de aglutinar una tasa de desempleo del 40,6% y un censo de parados de 202.013, según el dato de febrero.

Además, a estos factores se sumó uno transversal, que fue el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.

Un esfuerzo titánico

El esfuerzo por sacar a flote este dinero es ímprobo, pero el resultado es escaso, ya que el 80,6% del fraude fiscal y laboral sigue oculto y sin castigo cada año. Resulta prácticamente imposible que los 37 funcionarios dedicados a esta labor en la provincia puedan combatir la economía sumergida que genera Cádiz. Al final, la inspección se centra en pequeños contribuyentes y en Pymes. No hay tiempo ni recursos para más. De hecho, el sindicato que agrupa a los Técnicos de Hacienda (Gestha) no sólo responsabiliza a la crisis de esta situación sino también al Gobierno, al que califica de «poco ambicioso» en la lucha contra el fraude. De hecho, apuntan que los resultados de las actuaciones de control en el último año y medio, que permitieron aflorar más de 22.500 millones de euros de fraude a Hacienda y la Seguridad Social en España, suponen sólo el 19,3% de toda la evasión anual. Esto supone que la tasa de impunidad fiscal en nuestro país, se eleva hasta el 80,6% de la evasión total, y eso en lo que el propio Ejecutivo califica como el mejor año de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. Por conceptos tributarios, los responsables de Gestha estiman que sólo el fraude en impuestos y cotizaciones sociales supera los 90.000 millones de euros, mientras que la defraudación en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) produce una pérdida de recaudación de 17.176 millones anuales, el 1,6% del PIB nacional, y una cifra que es más del doble que la registrada al principio de la crisis económica, en que el agujero del IVA no llegaba a 7.000 millones de euros.

Esta alta evasión fiscal es una de las causas que explican el bajo rendimiento en la recaudación por IVA puesto que, aseguran, Hacienda sólo recauda 9,7 euros de cada cien que se gastan en consumo en España. Cifra muy por debajo de la media de la UE, que se sitúa en 12,3 euros y que coloca el país en el último lugar de los grandes de la Unión. Los cálculos de Gestha coinciden en líneas generales con los del informe sobre la economía sumergida del Servicio de Estudios de La Caixa, en el que se afirma que la erradicación de la economía sumergida acarrearía un aumento de la recaudación fiscal de entre 60.000 y 80.000 millones de euros anuales. Un importe «notable, si se tiene en cuenta que, en 2012, el total de impuestos y contribuciones sociales pagados en España fue de 347.000 millones de euros».

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, aprovechó el pasado martes para hacer balance del trabajo de la Comisión Anti-fraude en la provincia durante 2013 y de las expectativas para 2014. Destacó que la coordinación entre las administraciones que integran este organismo ha permitido en un año aumentar los decomisos de tabaco ilegal pasando de 1,2 millones de cajetillas a 2,2 millones, además ha logrado destapar 19 empresas fantasma que daban empleo virtual a unos 900 trabajadores. Como consecuencia de esta presión, la Seguridad Social ha logrado recuperar 6 millones de euros en prestaciones sociales que se estaban dando de forma indebida. De Torre señaló que la Inspección de Trabajo tiene previsto para los próximos meses realizar unas 7.500 actuaciones contra el empleo irregular en sectores clave de la provincia como el comercio y la hostelería aprovechando las campañas de primavera y verano.