El Gobierno comienza la ofensiva interna contra la independencia de Cataluña

El Gobierno ha remitido hasta ahora a las embajadas de España en el extranjero los informes sobre la inviabilidad jurídica y económica de una Cataluña independiente, pero ahora parece dispuesto a combinar esa ofensiva diplomática con el trabajo interno. El cómo y el quién no parecen muy claros, pero la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió ayer la puerta a que los análisis elaborados por el ministerio de Exteriores sean también defendidos y discutidos en el Parlamento de Cataluña por un miembro del Ejecutivo.

Los nacionalistas de Convergència i Unió pretenden, y así lo han solicitado, que sea el propio ministro, José Manuel García Margallo, el que comparezca ante la cámara autonómica. La cuestión le fue planteada directamente a Sáenz de Santamaría durante su habitual comparecencia tras el Consejo de Ministros de los viernes. Y esta, lejos de descartar la posibilidad sin precedentes de que el titular de Exteriores rinda cuentas de algo ante un parlamento autonómico, se refugió en la ambigüedad. «El Gobierno -dijo- no tiene ningún inconveniente en explicar ese informe, al contrario, creo que es bueno que se explique».

No lo dijo una sino dos veces, después de que se le pidiera algo más de concreción. De sus palabras, en todo caso, tampoco cabe inferir un 'sí'. Lo cierto es que el propio Margallo ya dejó claro el jueves que no tendrá problemas en discutir y contrastar con otros datos los datos de que dispone -entre ellos los que pronostican un desplome del 20% del PIB catalán tras una declaración unilateral de independencia-, pero donde procedimentalmente le corresponde: en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Lo que sí ofreció fue que el director general de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Eguidazu, haga lo propio en el Parlamento catalán.

Consulta condenada

«Los ciudadanos -defendió la vicepresidenta- tienen derecho a saber las consecuencias completas de las propuestas que hacen algunos». Estas consecuencias, según el documento publicado en la web del Ministerio de Exteriores a partir de informes y estimaciones realizados, entre otros, por el catedrático de Economía Mikel Buesa, fundador del Foro de Ermua; los bancos Credit Suisse y UBS, la consultora JP Morgan o el Instituto de Estudios Fiscales, implican tanto la caída drástica del PIB como una posible deslocalización de empresas, la pérdida de fondos europeos y un aumento de la deuda hasta el 75% del PIB. A eso se uniría, según Margallo, la condena a vagar en una suerte de limbo jurídico, sin reconocimiento internacional como Estado, «por los siglos de los siglos».

La propuesta de debate se enmarca, de alguna manera, en la idea lanzada por el propio ministro para hacer un «alto el fuego verbal» y dar paso a la racionalidad. Ahora bien, la número dos del Gobierno advirtió de que no se dejará desafío sin respuesta, siempre que de lo que se trate sea de conculcar la legalidad. Así respondió al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su aseveración de que garantiza que el próximo 9 de noviembre, la fecha en la que se ha comprometido a consultar a los catalanes sobre su deseo de tener un Estado propio e independiente, sacará las urnas a la calle.

«Al presidente de la Generalitat le recordaría -dijo Sáenz de Santamaría- que lo es porque la Constitución española y las leyes le permiten serlo y que todos estamos sujetos a la ley pero quien ocupa un cargo tiene además la obligación de hacerla cumplir». La vicepresidenta reprochó también a Mas que promueva un escenario de «incertidumbre» y «división» nocivo para la sociedad a la que gobierna. Pero sobre todo insistió en que el Ejecutivo seguirá llevando ante el Tribunal Constitucional cuantos actos crea que atentan contra la Carta Magna.

Desde Cataluña, el líder del PSC, Pere Navarro, negó interés a los informes del Gobierno y alegó que valen tanto como los del Consell de la Transición Nacional de Mas.