La oposición cree que la tarifa plana «pone en peligro» el sistema de pensiones

El Gobierno se quedó ayer solo en su defensa de la tarifa plana a las cotizaciones de las empresas por contingencias comunes. Una medida que, sostiene, impulsará el empleo indefinido y «afianzará una salida de la crisis con bases más sólidas». Los partidos de la oposición creen, por contra, que «pone en peligro» el sistema de pensiones en cuanto abrirá «un agujero» en las cuentas de la Seguridad Social.

La diferencia de opiniones respecto a la efectividad de la norma quedó patente durante el Pleno del Congreso para la convalidación del decreto ley de Medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida. Una medida que incluye la tarifa plana de 100 euros en cotizaciones sociales en los nuevos contratos indefinidos que se hayan realizado desde el 25 de febrero hasta final de año. Sólo el Grupo Popular votó a favor de la convalidación. El resto lo hizo en contra (Grupo Socialista, Izquierda Plural, Grupo Mixto), o se abstuvo (CiU, PNV y UPyD). Pero casi todos coincidieron en calificar el decreto como «electoralista».

Las discrepancias respecto a la eficacia y sostenibilidad de la tarifa plana abarcan diversos aspectos de la norma. En primer lugar, el económico. El ministerio de Empleo sostiene que la medida generará «un círculo virtuoso» de más empleo y actividad económica, con una repercusión positiva tanto en la recaudación fiscal como en los ingresos de la Seguridad Social, lo que permitirá compensar la pérdida de recaudación por la bonificación de los contratos. Por contra, el PSOE calcula que, «si se celebran los mismos contratos indefinidos que en 2013 (cerca de un millón), la tarifa plana significa que entre 5.000 y 7.000 millones de euros van del sistema de pensiones al bolsillo de unos pocos», en palabras de la portavoz de Empleo, Concha Rodríguez.

Incertidumbres

La redacción de la norma también ha despertado entre los partidos de la oposición el temor a que los empresarios se aprovechen para sustituir a trabajadores antiguos por otros nuevos a menor coste. El decreto establece que una de las condiciones para beneficiarse de la tarifa plana es que el empresario cree empleo neto. Sin embargo, a la hora de medir si una empresa incrementa su plantilla, se tendrá en cuenta el número de trabajadores durante los 30 días anteriores al nuevo contrato. Así, una compañía en apuros podría despedir por causas económicas a un trabajador y, una vez transcurrido un mes, contratar a otro bajo el paraguas de la tarifa plana.

La norma no beneficiará a aquellas empresas que hayan realizado despidos colectivos o individuales declarados improcedentes en los seis meses anteriores al contrato, pero sólo los realizados a partir del 25 de febrero. El PSOE cree que el decreto «premiará» a las compañías que han despedido antes de esa fecha y que ahora podrán contratar «con menos salarios y peores condiciones». Báñez insiste en que «no se podrá despedir trabajadores para beneficiarse de esta reducción» en las cotizaciones, por lo que no se producirá «el efecto sustitución».