La Junta pide oficialmente el control de La Almoraima

El Pleno del Parlamento aprobó ayer una proposición de ley presentada conjuntamente por PSOE e IU, con el rechazo del PP-A, y en la que se insta a la Junta de Andalucía a demandar al Gobierno la cesión de competencias para la gestión y explotación de la finca La Almoraima, en Castellar de la Frontera, o en su defecto la titularidad de la misma con cargo a la deuda contraída por el Estado con Andalucía por la denominada 'deuda histórica'.

Asimismo, la Cámara pide al Ejecutivo andaluz que abra una línea de colaboración institucional con el Gobierno, que ayude a la materialización de un plan de usos para la finca, que favorezca el desarrollo de actividades y la diversificación productiva en la finca, como transformación de productos agrícolas y forestales de la zona, desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas, turismo sostenible o energías renovables.

En defensa de la iniciativa, la diputada Inmaculada Nieto (IU) afirmó que La Almoraima es «patrimonio del pueblo andaluz», por lo que no se puede «hacer caja» con el mismo. Según aseguró, con su venta se perdería mucho más de lo que se ingresaría puntualmente. «Una explotación seria de la finca generaría riqueza como compensar la inversión que se hiciera para diversificar su potencial productivo», añadió. Nieto, que aseguró que su formación lleva varios años preocupada por el «bajo rendimiento de la finca», ha lamentado que siempre hayan sido rechazadas las enmiendas que han presentado a los Presupuestos del Estado para tratar de corregir la situación.

El diputado socialista gaditano Francisco Menacho lamentó en su intervención que haya tenido que ser «otra vez un ministro andaluz, y gaditano para más señas, quien traicione a Andalucía» intentando vender una finca que es «patrimonio natural» de la comunidad, El parlamentario del PSOE insistió en que, aunque para el Gobierno La Almoraima «no es una prioridad», para la Junta, sí porque entiende que «sólo desde lo público se puede preservar su protección».

Por su parte, el diputado popular Jacinto Muñoz aseguró que la Junta de Andalucía pide ahora la finca gaditana sólo porque «no quiere perder el control» sobre ella y llamó la atención sobre el hecho de que, aunque el Gobierno andaluz «lo niegue», lo cierto es que la Consejería de Medio Ambiente «está inmersa en un proceso de privatización de fincas rústicas» que, a su entender, «es lo mismo» que el Gobierno central va a hacer con la finca gaditana.