El Senado cubre la vacante del pleno del Constitucional

El pleno del Senado, con los únicos votos del PP, designó ayer al magistrado Ricardo Enríquez Sancho, de 69 años, para cubrir la plaza que estaba vacante en el Tribunal Constitucional desde que el pasado mes de noviembre falleciese Francisco Hernando. Con la designación de Enríquez, conservador como Hernando, la mayoría de esta tendencia en la corte vuelve a ser de siete miembros frente a los cinco considerados como de tinte progresista. El nuevo miembro de la corte era en la actualidad, y desde hace 22 años, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

El PP no logró ayer pactar el nombramiento con el resto de grupos de la oposición en la Cámara alta, por lo que Enríquez obtuvo durante la votación secreta y en urna el apoyo de 162 senadores populares y el voto en blanco del resto. No obstante, la amplia mayoría con que el partido de Mariano Rajoy cuenta en el Senado le permitió sumar los tres quintos necesarios para la designación que le exige la Constitución pese a la falta de apoyos externos.

La incorporación al Constitucional del nuevo magistrado, que en las próximas horas jurará su cargo ante el Rey, reactivará con seguridad el debate sobre la impugnación presentada por el Gobierno de Rajoy contra la resolución del Parlamento de Cataluña que en enero de 2013 declaró a este territorio «sujeto político soberano» y proclamó su derecho a decidir los vínculos que desea mantener con el resto de España.

La declaración, a petición del Ejecutivo central, está suspendida por el tribunal de manera cautelar desde hace un año. El Constitucional tiene la intención de resolver en las próximas semanas el fondo de este asunto, que en los primeros debates informales ha vuelto a partir el pleno en dos mitades, la progresista y la conservadora. Los primeros están de acuerdo en que el contenido de la declaración parlamentaria es inconstitucional, por vulnerar la unidad de España y la soberanía nacional, pero no consideran preciso anularla por considerarla un mero pronunciamiento político.

La mayoría conservadora, hasta ahora de seis miembros, está de acuerdo con la inconstitucionalidad, pero además pretende declarar la nulidad por entender que la resolución tiene efectos jurídicos directos, como ha sido crear las bases para la celebración de la consulta soberanista que lidera Artur Mas.