El juez Ruz interrogará a la cúpula de 'Gürtel' antes de cerrar la investigación

La cúpula de la trama 'Gürtel' desfilará la próxima semana por la Audiencia Nacional para conocer de primera mano las acusaciones que pesan sobre ellos. A efectos de cumplir con su derecho de defensa, el juez instructor Pablo Ruz quiere que los imputados conozcan la abundante prueba documental incluida en el sumario durante los últimos meses, informes policiales, periciales y judiciales sobre comisiones rogatorias en el extranjero, que suponen el colofón a cinco largos años de investigación.

La resolución de Ruz va en concordancia con la petición de las fiscales anticorrupción del caso, que quieren cerrar todos los flecos de la instrucción antes de que el juez abra juicio oral. Esto incluye contrarrestar los alegatos de las defensas de los acusados, que han venido denunciando el desamparo al que han estado sometidos sus clientes.

Por ello, y aunque se trate de una cuestión meramente formal, Ruz ha citado a declarar como imputados al ex secretario general del PP de Galicia y número dos de la trama, Pablo Crespo, el próximo 19 de marzo; a Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la red corrupta en Valencia, el 20 de marzo; al contable de las empresas del grupo José Luis Izquierdo, también para ese día; y al cabecilla Francisco Correa el viernes 21 de marzo.

El juez Ruz y las fiscales Concha Nicolás y Concha Sabadell consideran que alguno de ellos declaró cuando la causa estaba secreta o antes de que llegara la documentación de comisiones rogatorias e informes policiales, que han venido a corroborar la comisión de los delitos objeto de la causa. De forma provisional el listado incluye cohecho, malversación, prevaricación, fraude a la Administración Pública, delitos contra la Hacienda Publica, falsedad y blanqueo de capitales. Esto es, toda la retahíla de indicios punibles en los grandes casos de corrupción. Así, de lo hasta ahora investigado se puede concluir que desde el año 2000 hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón -hoy inhabilitado- destapó la trama, Francisco Correa habría liderado un entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas -bien para sus empresas bien para terceros- mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esa contratación.

Mapa de la red

Los tentáculos de la trama se extienden a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía. En la primera, en los ayuntamientos de Pozuelo, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, y en la última autonomía en la localidad de Estepona. Asimismo, llegaron a la Administración Central a través del ente aeroportuario AENA, prevaliéndose para ello con algunos cargos públicos vinculados a esas entidades. En ese contexto se investiga el papel del exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.

Ruz relata el funcionamiento de la red corrupta: las dádivas presuntamente percibidas por los distitnos cargos públicos imputados -sólo relacionados con el PP hay 74 de los 187 imputados- consistían en dinero en efectivo o en prestaciones de servicios -básicamente viajes organizados por la empresa de Correa Pasadena Viajes S. L.- que eran sufragadas bien por el propio cabecilla bien por las entidades públicas gestionadas por los propios funcionarios simulando pagos de servicios recibidos por aquél.

Incluso en algún caso como en el de la Comunidad de Madrid, las comisiones entregadas a los funcionarios se computaban como coste de los contratos públicos a los que afectaban, generando un sobreprecio de los mismos. Este fue el caso del exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.

Asimismo, en la causa existe otra pata que afecta a Correa, que habría colaborado en la ocultación de fondos percibidos por los cargos públicos supuestamente corrompidos, bien comprando fondos de sociedades, abonando el pago inmuebles, encubriendo inversiones o constituyendo sociedades que ocultaban tanto sus verdaderos titulares como la procedencia de sus ingresos, caso de Spinaker 2000, en la que Luis Bárcenas pudo ocultar una comisión de 'Gürtel' por favorecer a una empresa para que consiguiera un crédito público.