La Junta expropiará el suelo de las fosas de las víctimas del franquismo

El número de personas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura se calcula en 60.000, según datos de la Junta de Andalucía recopilados de distintas investigaciones. Hasta el momento, se han realizado 38 exhumaciones y están previstas 11 más en 2014. La futura ley de Memoria Democrática dedica un amplio apartado a las fosas comunes -hay 614 localizadas en Andalucía- y establece que cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, el Gobierno andaluz deberá proceder a «la expropiación temporal de su uso», según el anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.

Este anteproyecto, que nace con la aspiración de llegar más lejos que la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, establece también que será la Junta la que realice las pruebas genéticas que permitan la identificación y un banco de datos de ADN.

Contempla la elaboración de un mapa de fosas y plan de localización y exhumación de restos a instancias de ayuntamientos, la Junta o asociaciones memorialistas. También multas de 10.001 a 150.000 euros, por la construcción o remoción de terrenos u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas.

La norma señala el 14 de junio como día de homenaje a las víctimas. En este día se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003. Como ya publicó este periódico este lunes, la norma amplía el concepto de víctima, incluyendo a los niños robados, a víctimas de campos nazi y a colectivos especialmente perseguidos como mujeres y homosexuales. Los niños robados incluyen a los desaparecidos en los años setenta y ochenta, ahora objeto de investigación judicial en varias provincias. De hecho, la ley abarca desde el año 1936 a 1982.

Memoria económica

Pese a su carácter ambicioso, el anteproyecto carece de memoria económica. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, cuyo departamento gestiona esta norma, admitió ayer esta carencia, que espera que se subsane para su aprobación, que calcula antes de que finalice este periodo de sesiones en junio. De lo contrario, su aplicación tendrá grandes dificultades.

La norma es fruto del consenso entre PSOE e IU e implica a siete consejerías, según explicó Valderas. Las dificultades de acuerdo se centraron sobre todo en el preámbulo del documento. En este se vuelve a reclamar al Estado la eliminación de la sentencia condenatoria del padre de la patria andaluza, Blas Infante, dictada después de su asesinato. También se dice que los «crímenes contra la humanidad» cometidos por el franquismo no pueden prescribir y no se les puede aplicar la ley de Amnistía de la Transición.

El texto señala un plazo de 18 meses para la retirada de símbolos franquistas de plazas, calles y edificios. A diferencia de la ley estatal, no se exime de su retirada por razones artísticas cuando se trate de edificios o lugares históricos; haya alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana; o alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista.

Por incumplimiento de la retirada de estos símbolos hay multas de hasta 10.000 euros. La Junta no subvencionará, bonificará o prestará ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas. El anteproyecto fija que las administraciones «evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas y exaltación», que incluye, según Valderas, el 20 de noviembre, día de la muerte de Franco. Valderas enfatizó que esta ley pretende «saldar una deuda» con las víctimas de la represión franquista.