Un abogado dice que la jueza Alaya se entromete en el poder legislativo

El abogado José María Mohedano, que defiende a dos exdirectores de Presupuestos imputados por los ERE, cree que la petición de la jueza Mercedes Alaya de que la Intervención del Estado investigue a la Cámara de Cuentas andaluza es una «injerencia e intromisión» en el poder legislativo. Así lo afirma Mohedano en un recurso contra la decisión de la juez de los ERE, Mercedes Alaya, de que la Intervención General del Estado informe sobre lo que pudo hacer la Cámara de Cuentas andaluza para poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de las ayudas investigadas.

El letrado José María Mohedano recuerda que ya el interventor general de la Administración del Estado, el pasado 26 de febrero, rechazó practicar tal prueba porque con ella «estarían valorando la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario como la Cámara de Cuentas de Andalucía, lo que excede del marco institucional que corresponde a los funcionarios de la Intervención del Estado», señala.

El letrado sostiene que lo que pide Alaya «conlleva a todas luces a una extralimitación del ámbito competencial de la Intervención del Estado» y, de llevarse a cabo, «nos encontraríamos ante una clara injerencia de un órgano del poder judicial en otro íntegramente dependiente del poder legislativo y parlamentario, lo que puede atentar contra el principio de separación de poderes».

Además, en la causa existe ya un dictamen específico emitido por la Cámara de Cuentas sobre el mismo objeto y dicho texto «es el único que constitucional y legalmente tiene valor a los efectos que se pretenden», según Mohedano. A principios de marzo, la juez de los ERE insistió en su petición porque no la hace a los interventores generales del Estado como tales, pues en tal circunstancia «estarían sujetos a ciertos límites institucionales», sino como peritos al servicio de la administración de justicia. Unos días después, acordó ahondar en su investigación y pidió al Parlamento de Andalucía una serie de documentos sobre el conocimiento que su Comisión de Economía pudo tener de las llamadas transferencias de financiación, utilizadas para pagar las ayudas investigadas.