Escocia y el dilema de las pensiones

Los escoceses dicen en los sondeos que la economía es el asunto más decisivo en el referéndum de la independencia, ligeramente por encima de las pensiones. Y esta semana, un profesor universitario afirmó en la Cámara de los Comunes que Escocia tendría que acoger 60.000 inmigrantes cada año en las próximas cinco décadas para mantener el nivel de sus pensiones públicas. El debate en la campaña recurre también en esta cuestión a la propaganda. El Secretario Jefe del Tesoro, el escocés Danny Alexander, situó el problema de las pensiones, en un discurso que pronunció el viernes, en la conveniencia de un marco legal común para garantizar el pago de pensiones privadas, que debería ser un problema menor si los gobiernos negocian de buena fe en caso de victoria del 'sí.

Responsables de fondos de pensiones y académicos convocados esta semana por el Comité de Asuntos Escoceses de la Cámara de los Comunes de Londres también consideraron 'factible' la división de recursos y obligaciones de pago de las pensiones públicas. Está sujeta también al cumplimiento del Acuerdo de Edimburgo, que compromete a los gobiernos a negociar en beneficio de británicos y escoceses.

El problema real es otro y afecta a Escocia ligeramente más que a Reino Unido y no tanto como a otros países, en los que el descenso de la fertilidad y la jubilación de la generación del 'baby boom' lleva a la inevitable conclusión de que el Estado tendrá que reducir drásticamente el nivel de los servicios públicos en las próximas cuatro o cinco décadas.

En torno al 10% del gasto público británico se destina ahora a pagar las pensiones. La proyección demográfica dice que, en 2040, será entre el 16% y el 17%. En el caso escocés, hay que añadir un 0,8%, porque la fertilidad de las mujeres escoceses es más baja que la de las mujeres británicas. Esas tendencias, según Robert Wright, de la Universidad de Starthclyde, no varían en el corto plazo.

Medidas a adoptar

Al marco inicial hay que añadir el 'efecto Glasgow', donde la esperanza de vida es una de las más bajas de la UE. Un hombre de la capital industrial escocesa vive 71,6 años, mientras que el británico promedio vive 78,2. Una mujer de Glasgow vive 78 años y una británica, 82,3. Los escoceses, sin independencia, pagan a la seguridad social británica más que lo que tendrían que pagar por sus pensiones.

Wright señaló, en su comparecencia en los Comunes, que para enfrentarse al problema común del envejecimiento de la población los gobiernos tendrían que adoptar diversas medidas: privatizar servicios públicos, cerrar escuelas,... Pero el Gobierno escocés, en su libro blanco para la independencia, identifica dos, para aumentar la población laboral que paga impuestos con los que sufragar servicios.

La primera es crear un servicio de guarderías que permita la incorporación de 30.000 mujeres al mercado laboral. La segunda es aumentar la inmigración, especialmente de países que no pertenecen a la UE, porque los inmigrantes que proceden del mercado común no tienen a menudo las cualificaciones profesionales necesarias ni un compromiso personal con asentarse en su destino.

En los últimos cinco años, unos 25.000 inmigrantes han llegado a Escocia. El 25% eran británicos, el 39% de la UE y el 36%, de países que no están en la UE. En el conjunto de Reino Unido, el 53% procedía el pasado de países que no están en la UE. Y los conservadores quieren reducir la inmigración.

David Comerford, de la Universidad de Stirling, ha calculado que habría que añadir 8.500 inmigrantes a los 25.000 actuales para que Escocia eliminase ese 0,8% de su diferencial de gasto público en 2040 con respecto a la proyección británica.

Robert Wright analizó en su modelo las consecuencias de duplicar la inmigración, a 50.000 anuales, y el resultado revela que no se mantendría el nivel actual de pensiones. El presidente del comité escocés del Parlamento interrogó a los dos profesores en busca de la cifra mágica de inmigrantes que lograría el efecto deseado, si la inmigración fuese la única política. David Comerford la ofreció finalmente, algo más de 60.000. En cinco décadas, significaría que una población de algo más de cinco millones tendría que absorber a tres millones.

Escocia quiere acceder a la UE sin participar en el sistema de Schengen y manteniéndose en el Área Fronteriza Común británico-irlandesa. ¿Aceptarían sus socios la libertad de movimiento de esa población? David Cameron, acosado por el sector más nacionalista de su partido, ha dicho que, a pesar de las proyecciones sobre la economía del envejecimiento, quiere limitar la inmigración a 100.000. El año pasado fueron 212.000, un tercio más que el anterior.