La supuesta 'caja B' del PP tendrá que esperar

La puesta en marcha del procedimiento abreviado no afectará, de momento, a la pieza separada de 'Gürtel' conocida como 'los papeles de Bárcenas' o supuesta 'caja B' del PP para su financiación irregular. Su instrucción está a la espera de un informe final de la Intervención General de la Administración del Estado, encargado por Pablo Ruz, que determine si los constructores que presuntamente donaron dinero en negro a los populares recibieron a cambio adjudicaciones de obras públicas de las administraciones gobernadas por el PP. Es decir, se trata de delimitar si hubo cohecho.

Hasta la fecha se han verificado al menos 53 indicios que dan verosimilitud a la contabilidad secreta que, según el juez, manejaba Bárcenas y su mentor en el PP, el también extesorero Álvaro Lapuerta, imputado igualmente en la causa. Y en la que también está imputado el exgerente Cristóbal Páez.

Se trata de presuntos delitos fiscales, entre otros tipos delictivos, en nueve de los 53 indicios de veracidad que no estarían todavía prescritos. En este grupo estarían casos como las obras en la sede nacional del partido en el edificio de siete plantas de la calle Génova 13 de Madrid, que se sospecha que se pagaron en parte en negro.

También la compra de la sede de los populares riojanos, el préstamo de 160.000 euros a la delegación del PP de Pontevedra o la contratación del servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Toledo, que afecta al PP de Castilla-La Mancha.

En todos ellos el juez de la Audiencia Nacional sigue acumulando pruebas antes de decidir si los envía a las jurisdicciones autonómicas competentes. En otro punto se encuentra la investigación al exvicepresidente, exministro y diputado autonómico Francisco Álvarez-Cascos por el 'caso Gürtel', que recaería en el Tribunal Supremo por su condición de aforado.