El juez Ruz llevará a Bárcenas a juicio este mismo año por el 'caso Gürtel'

Tras cinco años de investigación, la cuenta atrás del 'caso Gürtel' ha comenzado. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se marca como fecha límite la Semana Santa para decidir por dónde hinca el diente al macrosumario. Debe decidir si lo despieza para agilizar su enjuiciamiento y quiénes serán los primeros imputados en sentarse en el banquillo, para lo que Luis Bárcenas tiene la prioridad porque es el único en prisión.

Ruz se dispone a diseccionar los cerca de mil tomos del caso de corrupción más voluminoso de cuantos se han instruido en España, con 187 imputados, 74 de ellos políticos del PP si sumamos los acusados en la trama valenciana. Para tan delicada operación cuenta con la ayuda de las fiscales anticorrupción que le acompañan desde que en junio de 2010 aterrizó en el juzgado de la Audiencia Nacional para sustituir a Baltasar Garzón.

En la hoja de ruta perfilada por el magistrado hay una condición de obligado cumplimiento: cualquier decisión que tome de aquí a Semana Santa, en la tercera semana de abril, sobre si lleva a juicio parte o todo el sumario de 'Gürtel' primará a Bárcenas al tratarse de una causa con preso, por lo que los movimientos de Ruz estarán condicionada a la situación procesal del extesorero del PP, según las fuentes jurídicas consultadas.

Bárcenas se encuentra en prisión provisional por orden suya en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 27 de junio por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en la investigación abierta tras la aparición en enero de 2013 de su fortuna escondida en Suiza.

En un segundo estadio, señalan las mismas fuentes, está la querencia del instructor de que la Sala de lo Penal pueda juzgar este año a Bárcenas por alguna de las piezas de 'Gürtel' que le afectan, siempre que se decante por trocear la instrucción como parece probable. La posibilidad del macrojuicio es menor, como ocurrió en la Audiencia de Málaga con el 'caso Malaya', aunque Ruz ha utilizado como espejo la investigación de esa trama de blanqueo.

El riesgo de celebrar un macrojuicio es que la instrucción puede quedar diluida. Pero en el caso de que eligiera trocear la causa, el juez tendría que hilar fino en la composición del puzle procesal para dejar sin argumentos a los abogados defensores, que se preparan para plantear batalla.

Así, Ruz y sólo Ruz será quien decida cómo poner punto y final a la investigación. Para ello el magistrado tomará en cuenta la desigual evolución que lleva el caso en sus diferentes vertientes. Hay una parte que va muy adelantada, la de los contratos de las empresas de la trama de Francisco Correa, cabecilla de 'Gürtel', con los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte, Pozuelo y Arganda, y con la Comunidad de Madrid.

Informe final

En este capítulo solo falta el informe final de los peritos del juzgado después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía haya terminado su trabajo hace dos semanas. Estas conclusiones estarán listas antes de que acabe marzo, estiman las fuentes informantes. Y cuando esté listo el documento, el instructor tendrá todos los elementos para tomar una decisión definitiva.

Si Ruz resuelve llevar esta pieza a juicio se tramitaría por el llamado procedimiento abreviado, que juzga delitos que no superan los nueve años de condena cada uno y son enjuiciados por un tribunal de tres jueces. Solo en el caso de que las penas no superen los cinco años son resueltos por el juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrrubia.

Este escenario no beneficia, ni muchos menos, a los imputados, pero sí agilizaría la tramitación de los previsibles recursos, la calificación penal de los hechos y señalar la fecha del juicio. Lo más probable es que las condenas totales superen los nueve años, ya que pueden ser juzgados por distintos delitos cuyas penas se acumulan. Lo mismo pasaría si son enjuiciados por el magistrado central de lo Penal.

Un ritmo menor lleva la investigación de los 42 millones de euros que Bárcenas escondió en Suiza. Pese a que los indicios de delitos de blanqueo, fiscales o estafa procesal que involucran también a su mujer, Rosalía Iglesias, al supuesto testaferro Ivan Yáñez o al extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis son sólidos, el juez está a la espera de numerosas comisiones rogatorias extranjeras para cerrar el círculo.