La Audiencia de Sevilla quita a Alaya el caso de las facturas falsas de UGT

La juez Mercedes Alaya ya no llevará la instrucción de las supuestas facturas falsas de UGT-Andalucía y el desvío de fondos públicos para gastos internos. La Audiencia de Sevilla dictó ayer una resolución en la que ordena que el caso pase a otro juzgado al entender que no guarda relación alguna con la actuación sindical en el 'caso de los ERE' fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía.

El caso se remonta a comienzos del pasado año, cuando salieron a la luz los primeros atestados policiales que señalaban que las centrales sindicales habrían cobrado millonarias sobrecomisiones de empresas mediadoras por participar en la tramitación de las prejubilaciones irregulares pagadas por la Junta de Andalucía. Esos informes hablan de que CC OO y UGT recibieron hasta 7,6 millones de euros, y ponían de manifiesto cómo algunos dirigentes sindicales se dirigían directamente a esas empresas mediadoras para exigir cantidades de dinero, a sabiendas de que procedían de fondos públicos, por gastos de manifestaciones, pancartas u otros actos.

En algunos escritos, Alaya habló sin tapujos de que los sindicatos encontraron en estas actuaciones una vía de «financiación irregular». Ambas centrales «habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial», señaló textualmente. En septiembre, la juez decidió abrir una pieza separada del 'caso ERE', declarada bajo secreto sumarial.

En plena polémica por la actuación sindical, en agosto empezaron a aparecer denuncias sobre facturas irregulares de UGT-Andalucía que apuntaban a supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso indebido de fondos de formación para desempleados, así como por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

Según se detallaba en esos escritos, se habían falseado facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos para cursos de desempleados, mientras que las comidas en la Feria de Abril de Sevilla se pagaban como reuniones de negociación colectiva o con cargo a servicios jurídicos gratuitos para trabajadoras discriminadas. El escándalo acabó provocando la dimisión del anterior secretario general de UGT, Francisco Fernández Sevilla, en noviembre y la celebración de un congreso extraordinario dos meses después para la elección del nuevo líder.

Registro de la sede

La juez entendió que estas actuaciones eran otra fórmula ideada por el sindicato para financiarse de manera ilícita, por lo que reclamó las competencias a los juzgados que conocieron primero esas denuncias para poder sumar las pesquisas a la pieza que ya tenía abierta. Es en este contexto donde se produce el registro de la sede central de UGT en Sevilla y varias empresas vinculadas al sindicato en diciembre pasado, que se saldó con numerosa documentación intervenida después de que el sindicato explicase que un sabotaje interno había destruido archivos informáticos relacionados con el caso.

La Sección Séptima de la Audiencia, sin embargo, tira ahora por tierra esta tesis de diversos 'modus operandi' de financiación irregular de la central sindical, y estima que las supuestas irregularidades contables no guardan relación con el uso fraudulento de los fondos públicos desde la Dirección General de Trabajo de la Junta, esencia del 'caso ERE'.

La decisión de la Audiencia responde a un recurso formulado por la Fiscalía, que para evitar cualquier posible nulidad en el proceso insistió precisamente en que se trataba de casos inconexos y por tanto la juez Alaya no era la competente para acumular las denuncias por irregularidades contables.