El fiscal rechaza investigar al Parlamento andaluz por los ERE

La Fiscalía Anticorrupción considera que la decisión de la juez que investiga el supuesto fraude en ERE pagados por la Junta de Andalucía de investigar el grado de conocimiento del Parlamento andaluz sobre las irregularidades «no se ajusta a derecho» y por tanto ha recurrido el auto dictado por la juez Mercedes Alaya en el que pedía documentación sobre una de las comisiones de la cámara de los últimos diez años. Una documentación que, como ha recordado el Gobierno autonómico, es pública.

En un auto dictado a principios de semana, Alaya dio un paso más y solicitó que los peritos de Intervención General investigaran los diarios de sesiones de los plenos en los que se aprobaron los presupuestos anuales entre 2001 y 2010, así como los correspondientes a las sesiones de la comisión de Economía y Hacienda en esos mismos años. El objetivo era determinar, a petición de la defensa de uno de los implicados, «qué pudo conocer» dicha comisión, formada por diputados de todos los grupos políticos, sobre «el sistema irregular empleado en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General».

La orden de Alaya también busca concretar qué pudo hacer la Cámara para poner de manifiesto que el método de transferencia de financiación usado por la Consejería de Empleo para dar esas ayudas era inadecuado, como viene sosteniendo la instructora durante toda la investigación.

Anticorrupción pide dejar sin efecto esta petición y estima en su recurso de apelación que la Intervención General «no tiene ni competencias ni funciones sobre la labor encomendada a las cámaras legislativas, ni estatal ni autonómicas», por lo que se trata de una petición que «no es ajustada a Derecho». Afirma asimismo no compartir la «finalidad» de esta petición, solicitada por el responsable de la agencia pública encargada de los pagos ordenados por la Consejería de Empleo.