Parches en el acuerdo sanitario

La negativa del propietario de las Clínicas Pascual a aceptar las condiciones del SAS ante un nuevo concierto público-privado con sus hospitales ha mantenido en jaque durante algo más de un mes a la sanidad de la provincia. Pascual echó un órdago y fue de farol, sin embargo, quien tenía la sartén por el mango era la Consejería de Salud. Ahora hemos sabido cómo se ha desarrollado la partida en los despachos y deja en muy mal lugar a ambos. Pascual se negó en rotundo a asumir un recorte para los próximos años superior al 12% en el concierto que mantiene con el SAS y echó mano de sus trabajadores para plantar cara a la Junta. El mensaje que la plantilla trasladó a la calle con sus movilizaciones fue la amenaza de cierre que pesaba sobre los hospitales concertados si la Junta se mantenía en esa posición y, con ello, la pérdida de los empleos. Pascual logró convencer a la opinión pública de que era inviable mantener su infraestructura sanitaria con el tijeretazo planteado por el Gobierno regional, sobre todo en una provincia, como la gaditana, donde sus hospitales prestan un tercio de la asistencia. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, visitó el pasado martes Cádiz y aprovechó la ocasión para anunciar que había llegado a un acuerdo con la dirección de Clínicas Pascual para renovar el citado concierto por un año más. El recorte que le aplicará será del 5%. Si Pascual ha utilizado a la plantilla para defender sus intereses, la Junta lo ha hecho con los pacientes para proteger a los suyos al evitar derivaciones hacia los hospitales concertados durante el tiempo que ha durado la negociación. Esta medida demuestra la posición de fuerza ejercida por el SAS. Su actuación, discutible, ha servido para forzar un acuerdo que se antojaba complicado, pero ha significado también un aumento de las listas de espera.