El PP pone en cuestión la «exactitud» de las conclusiones que aporta la UDEF

Los últimos informes de la Policía no han logrado mover al PP de su posición numantina. El número dos del partido gubernamental en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, se cuidó ayer de poner en cuestión la veracidad de los hechos reflejados en el informe entregado este lunes al juez Pablo Ruz, pero argumentó que en ocasiones ese tipo de trabajos policiales «pueden deducir conclusiones que no son exactas».

El veterano dirigente popular respondió así en concreto a las referencias que los informes hacen del exsecretario general del partido Javier Arenas. Bermúdez señaló que es «normal» que un político que ocupa los cargos que ocupó en su partido tenga contacto con las empresas que se encargan de organizar actos para la formación sin que de ahí quepa inferir «responsabilidades» concretas. Y, sobre todo, hizo hincapié en que el asunto está en manos de la Justicia «que es garantía -dijo- de que se esclarecerá la verdad».

Con esta referencia a la labor judicial, los populares fundamentaron una vez más su rechazo a que el Parlamento abra una comisión investigación para esclarecer si el PP se financió durante años de manera ilegal. Una comisión que Izquierda Plural, el grupo del que forman parte Izquierda Unida, Inicativa per Catalunya y Chunta Aragonesista, volverá a solicitar su creación, según avanzó su portavoz José Luis Centella, a pesar de que el PP con su mayoría absoluta ha rechazado esa posibilidad.

El diputado y secretario general del PCE alegó que hay datos nuevos que justifican su petición y acusó al PP de jugar a la opacidad. «Quien impide investigar se sitúa como cómplice necesario para que los ciudadanos no conozcan lo ocurrido; quien nada teme -adujo- nada debe frenar». Los populares, en cambio, sostienen que son los tribunales quienes deben dirimir si hubo o no delito, aunque algunos no ocultan su deseo de que la investigación judicial acabe cuanto antes.

Cierre del sumario

La líder del PP de Madrid, y expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, defendió sin tapujos que «ya es hora de que se cierre el sumario» , aunque justificó su demanda en la necesidad de evitar que la ciudadanía viva con la sensación de que los políticos «son impunes siendo culpables». «Hay que juzgarles y, si procede, condenarles y que les metan en la carcel. Y -añadió- que devuelvan todo el dinero, por supuesto».

Los papeles de la UDEF, en todo caso, siguen dando munición a la oposición. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, sostuvo que los informes policiales confirman cada día que la red de empresas de la trama 'Gürtel' no estaba compuesta por unos «corruptos anónimos» sino que era la «organización corrupta de los patriotas del PP». El número tres de los socialistas hizo así hincapié en el párrafo del atestado que habla de una «relación simbiótica» entre la red corrupta y el PP, gracias a la cual realizaban negocios a costa del erario público. «La 'Gürtel' -ironizó- era tan del PP como la gaviota». Eso debería ser suficiente, a su juicio, para obligar a los dirigentes del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, a dar explicaciones.

López se hizo eco, en concreto, de tres argumentos policiales; que el PP valenciano pagaba a la trama 'Gürtel' el 80% de sus servicios en negro; que la red también tenía conexiones en Andalucía a través de personas del entorno de Javier Arenas y que las empresas de Correa obtuvieron grandes beneficios económicos por toda España, gracias a las obras y contratos que le daban los gobiernos del PP a cambio de comisiones, regalos y viajes. «Toda una red corrupta instalada en la columna vertebral del PP con su tesorero al frente», concluyó el número tres de los socialistas.