El Gobierno catalán lleva al Constitucional el pulso con Rajoy por la independencia

La Generalitat catalana ha trasladado a los tribunales el pulso entre la administración central y la autonómica. A la espera de que el enfrentamiento entre ambos gobiernos vaya a más a medida que se acerque el 9 de noviembre, la fecha de la consulta, el Ejecutivo de Artur Mas anunció ayer la presentación de cuatro recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de las administraciones locales, la ley de mejora de la calidad educativa, la de unidad de mercado y la de evaluación ambiental. Todas son normas estatales que, a juicio de la Generalitat, invaden sus competencias autonómicas y nacen con el objetivo de llevar a cabo una «reforma encubierta» y por la «puerta de atrás» de la Constitución. Se trata de «desnudarnos de nuestra capacidad de decisión en materias como la educativa, la lingüística, la económica o la medioambiental», expresó el consejero de la Presidencia, Francesc Homs. El portavoz de la Generalitat criticó el «cinismo» con que, a su entender, actúan los que dicen defender la Carta Magna y luego se la saltan tomando decisiones poco transparentes que persiguen una recentralización de la división territorial, dejando al «pie de los caballos» a las instituciones catalanas y al resto de las autonomías.

Con esta batería de recursos, el Gobierno catalán, que también aprobó interponer una denuncia ante la Comisión Europea contra el Plan Hidrológico del Ebro, abrió un nuevo frente político con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con quien está enfrentado por la consulta soberanista. Mas, que no encuentra en la Moncloa la disposición que ansía para entablar una negociación sobre el referéndum, presiona al Gobierno central semanas antes de que el proceso independentista entre en su fase decisiva y se carga de razones en su pulso institucional, presentando al Ejecutivo de Rajoy como un agente centralizador y con el que no hay posibilidad de avanzar en el autogobierno, sino todo lo contrario. Así, para antes de Semana Santa se espera que el Constitucional resuelva la sentencia sobre la declaración soberanista del Parlamento catalán, que previsiblemente tumbará y marcará el inicio del pulso entre Cataluña y el resto de España en los próximos meses. Al fallo del alto tribunal le seguirán las elecciones europeas, el rechazo del Congreso al referéndum catalán, el recurso del Gobierno a la ley de consultas que impulsa Mas, la firma del decreto de convocatoria de la consulta por parte del presidente de la Generalitat, su impugnación y la suspensión y es posible que todo desemboque en un adelanto electoral para el 9 de noviembre. Un calendario de confrontación que se librará en torno a la consulta, pero que tendrá sus ramificaciones, como la disputa competencial en los tribunales.

Invasión de competencias

En concreto, la Generalitat estima que la reforma local invade sus competencias en materia de función pública, organización territorial, régimen jurídico y autonomía financiera. En cuanto a la Lomce, la administración catalana cree que supone una oposición frontal a su régimen lingüístico, ya que cuestiona uno de los pilares básicos del modelo de inmersión, como es que no se puede separar a los alumnos en función de la lengua.

En el recurso al Constitucional, el Ejecutivo catalán alegará que la 'ley Wert' pisa su capacidad para determinar el currículo de alumnos y de personal docente y abre la puerta a que el Estado imponga el castellano como lengua vehicular, un asunto innegociable para todas las fuerzas en Cataluña, menos para el PP y Ciutadans.