El Congreso con los únicos votos del PP apuntilla la justicia universal

El Congreso consumó ayer la operación legislativa del Gobierno para liquidar la aplicación de la justicia universal. El Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo que hacerlo con el único y poderoso sostén de la mayoría absoluta del PP pues fue incapaz de cosechar ni un solo apoyo de los grupos parlamentarios. La iniciativa tuvo eso sí la virtualidad de unir en su contra a toda la oposición en un día en que la división en las votaciones del Debate sobre el estado de la Nación fue el rasgo dominante en el Parlamento.

Que el Gobierno tenía una urgencia quedó de manifiesto con el camino escogido para dar el carpetazo a la justicia universal. Registró en el Congreso una proposición de ley para soslayar el trámite de la consulta al Consejo del Poder Judicial, al Consejo de Estado y a la Junta de Fiscales. Informes que hubiera debido requerir si hubiera presentado un proyecto de ley. Ya en el Congreso, el PP pilotó la tramitación con la fórmula más rápida que existe, el de lectura única y votación en el pleno sin debate ni enmiendas en la comisión. Una maniobra denunciada por la oposición porque hurtó a los diputados la discusión de ideas.

Los populares no se dejaron impresionar por las quejas de fiscales y de abogados, contrarios a la restricción, y mucho menos por las de la oposición. El PP aprobó la reforma por 180 votos a favor y 137 en contra. «La Justicia ha quedado sorda, ciega y muda», resumió un diputado opositor.

El Gobierno y el PP reconocen sin complejos que la liquidación de la justicia universal es un alivio para el Ministerio de Asuntos Exteriores. China protestó sin sutilezas diplomáticas de la orden de busca y captura dictada contra el exprimer ministro Jian Zeming por el genocidio del Tíbet. Menos ostentosos fueron los gobiernos norteamericano, marroquí o salvadoreño, pero también hicieron llegar sus quejas. Washington por la causa del cámara de televisión José Couso, por la que están imputados tres militares de Estados Unidos; Rabat por la investigación de la desaparición de prisioneros del Frente Polisario; y San Salvador por la petición de extradición de 15 militares por los asesinatos del jesuita Ignacio Ellacuría y cinco religiosos.

Retroactiva

Con el paso dado ayer por el Congreso, que será ratificado en breve por el Senado, los responsables de Exteriores de esos países y otros respiraron. La reforma legal es retroactiva, algo que la oposición cree inconstitucional, e implicará el archivo de las causas abiertas al abrigo de la justicia universal. Hasta doce instrucciones irán al cajón bajo llave.

El portavoz del PP en este asunto, José Miguel Castillo, defendió ante la mirada desde el banco azul del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la reforma porque, dijo, elimina la creación de falsas expectativas dado que la mayor parte de estas causas acaban archivadas. A partir de ahora, señaló, solo «se instruirá aquello que se pueda juzgar» y se acabarán «las demagogias».

Con la reforma solo se podrá juzgar por genocidio o crímenes de lesa humanidad cuando el afectado sea español, haya interpuesto una querella ante la Fiscalía y el acusado del delito se encuentre en España.

Los grupos de la oposición, además de argumentar en contra, entraron en una competición por pronunciar la descalificación más rotunda y la disputa estuvo reñida. El portavoz socialista habló de «día triste para la Justicia»; el de IU prefirió el «día vergonzoso y vergonzante»; el de CiU se quedó en «un mal día»; la de UPyD comentó que la reforma «ampara a corruptos, mafiosos, genocidas y tiranos»; el de Esquerra se apuntó al «hachazo»; el del PNV subrayó que era «una felonía y una fechoría»; y el de Compromís-Equo comentó que «hoy muchos inocentes se revolverán en sus tumbas».