Andalucía en España

sevilla. Lo que ocurrió el 28-F en Andalucía fue algo insólito: Una rebelión pacífica de una región logra hacer cambiar la decisión de un gobierno (el de la UCD de Adolfo Suárez) y convertirse en norma jurídica, la del Estatuto de Autonomía (1981). Es más, aquel referéndum de 1980 permitió una interpretación de la Constitución distinta a la que tenían pensada los padres de la democracia sobre el modelo de Estado autonómico, aquella en la que unas regiones, las consideradas históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, irían a una velocidad rápida, la del artículo 151 de la Carta Magna, en la consecución de competencias y el resto por la llamada vía lenta, la del artículo 143. La revuelta que llenó de banderas blancas y verdes las calles andaluzas y forzó la consulta desencadenó que el proceso autonómico terminara con todas las comunidades en condiciones de igualdad, lo que el histórico exministro de la UCD, Manuel Clavero Arévalo, que dimitió para posicionarse a favor de la autonomía plena andaluza, llamó el 'café para todos'.

Andalucía nunca tuvo tanto peso político como entonces en España aunque, según los historiadores, le duró poco. Rafael Escuredo, primer presidente elegido en las urnas (Plácido Fernández Viagas lo fue en la Andalucía preautonómica), dimitió tras dos años en el cargo por desavenencias con el Gobierno central, en donde mandaba su partido, el PSOE, con Felipe González al frente.

El órdago de Artur Mas y su gobierno de coalición con ERC por la independencia de Cataluña ha reabierto el debate territorial con fuerza y preocupación en España. Un debate en realidad con el reparto del dinero público de trasfondo, ya que está pendiente una reforma del sistema de financiación regional. Además, la contención del gasto público obligado por el rescate de la Unión Europea a la banca española tras el estallido de la crisis ha forzado a las autonomías a recortes drásticos.

Ante este panorama, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que lleva seis meses en el cargo, ha lanzado el mensaje de que esta comunidad, en la que vive el 18% de la población española (8,7 millones de personas), no puede quedar fuera de las decisiones que se tomen y exige la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, en clara alusión a posibles cambios en la financiación autonómica y en los privilegios que puedan buscar Cataluña y Madrid, las dos regiones con mayor Producto Interior Bruto (PIB) y aportación fiscal, fuera del País Vasco, ya que estas disfruta de un régimen de financiación especial.

El mundo no es igual en 2014 que en 1980. En estas tres largas décadas el planeta ha experimentado transformaciones de hondo calado, desde las sociales con la irrupción de Internet, económicas, políticas (la entrada de España en la UE, la caída del muro de Berlin o las revoluciones árabes recientemente) a las que no ha sido ajena Andalucía. «En ningún momento anterior de nuestra historia se habían hilvanado de manera tan intensa factores sociales con políticos y económicos; unos de origen exclusivamente andaluz; otros conformados a muchos kilómetros de distancia de la región», reflexionaba el recientemente desaparecido catedrático de Historia de la Universidad de Málaga, Antonio Parejo, en un análisis sobre la transición andaluza.

Desde 1982 gobierna el mismo partido, PSOE, bien es verdad que en varias etapas en coalición con otras formaciones. Desde 2012 lo hace con Izquierda Unida, pero desde 1996 a 2004 gobernó con el PA. El PP estuvo a punto de lograr por primera vez la alternancia en la Presidencia de la Junta en 2012 con Javier Arenas como líder, pero pese a ganar las elecciones no lo hizo con la mayoría absoluta necesaria. PSOE e IU quieren hacer ver su gestión en la Junta como un laboratorio de izquierdas con propuestas distintas a las de la derecha (que gobierna en España y en 12 comunidades autónomas) para salir de la crisis.

Los tres partidos con representación parlamentaria han cambiado de líder en el último año. Antonio Maíllo sustituye a Diego Valderas al frente de IU en junio; Susana Díaz a Griñán en septiembre en la Junta y en noviembre en el PSOE; y este fin de semana Juanma Moreno suplirá a Juan Ignacio Zoido en el PP. Se trata de una nueva generación de mandarines, quienes eran solo niños cuando el referéndum de 1980.

Paro histórico

La perspectiva del tiempo, pero sobre todo la crisis que afecta a los países occidentales desde hace siete años, dejan al descubierto que pese a lo avanzado en bienestar social y haber convergido con el resto de España en infraestructuras y servicios con ayuda de los fondos europeos, las flaquezas de Andalucía siguen siendo muy importantes. Andalucía arrostra una tasa de paro histórica, el 36% (1,4 millones según la EPA y 1.059.720 según el INEM), índice que se duplica en la población joven hasta el 60%. Siempre fue la comunidad con más paro de España, pero desde la crisis esa brecha es mayor, más de diez puntos en desempleo de la media nacional. Llegó a estar en el 11% en la pasada década antes de la crisis.

«Es un hecho estructural de la economía española y de las regiones con menos renta. La tasa de paro en España (26%) es el doble que la media europea (12%), en Andalucía pasa igual respecto a la media española», explica el consejero de Economía, Innovación y Empleo, José Sánchez Maldonado. El también profesor de Hacienda Pública en la UMA, atisba motivos de esperanza, ya que hay datos que apuntan a un crecimiento de empleo sostenido a partir de marzo. «No son cifras significativas, pero los indicadores de Andalucía están siendo mejor que las medias nacionales», asegura. La región se ha colocado en la tercera de España en exportaciones, un dato que sugiere la recuperación.

No solo el paro. Andalucía padece parecidas dificultades de convergencia con el resto de regiones españolas en otros aspectos. Dejó de ser la región del analfabetismo (el 13% mayores de 16 años lo era en 1982), pero sigue a la cola en las evaluaciones sobre enseñanza (PISA), más abandono escolar o menos camas hospitalarias por habitante que otras regiones. Pese al empuje de la industria turística, la aeronáutica y la agroindustria el PIB andaluz (142.656 millones de euros) solo supone el 14% del nacional a distancia de Cataluña (192.535) y de Madrid (185.187) millones.

En la casilla de salida

Ante este panorama descrito de forma sucinta, cabe preguntarse sobre el papel de Andalucía en el contexto de España y si su peso hoy tiene la fuerza que en 1980. Dos profesores universitarios, Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo Olavide, y Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla, conocidos analistas de la realidad política y económica andaluza, responden al interrogante con diferentes visiones. «No hemos convergido en términos de renta per cápita con el promedio de España, seguimos en la casilla de salida. Y tras más de treinta años de autonomía, esto ya no es coyuntural. Hay factores estructurales que parecen determinar nuestra imposibilidad de converger. Sin duda lo hemos hecho en cuanto a infraestructuras y servicios públicos, no cabe duda, pero no en actividad económica», afirma Salgueiro.

Agrega que en el ámbito político «no significamos mucho, a pesar de contar con varios ministros en el actual gabinete o del papel que líderes regionales juegan en sus respectivos partidos». Lina Gálvez recuerda que el peso de Andalucía «siempre ha sido grande sobre todo desde el punto de vista poblacional e identitario», pero opina que aunque la comunidad sí tuvo influencia en la transición «en la organización territorial y administrativa de España y la conformación del Estado de las autonomías», en los últimos años «la habíamos perdido».

Ahora bien, Gálvez observa que en los últimos meses «Andalucía ha ganado en voz propia y puede volver a desempeñar un papel fundamental en los cambios de modelo de Estado que sin duda se avecinan». Se refiere a la proyección política de Susana Díaz, aunque no lo menciona.

En este sentido se pronuncia también Manuel Clavero Arévalo, que en un debate organizado por la Fundación Alfonso Perales del PSOE y colgado ayer en Internet, sí da nombres: «Hoy Andalucía es más escuchada que nunca en España, solo hay que ver cómo las máximas instituciones del país han recibido en varias ocasiones a la presidenta de la Junta».

«Andalucía, ni nadie, debería temer al debate territorial, lo que debe hacer es situarse en él con voz propia y con el respaldo de la ciudadanía andaluza y contribuir a garantizar que el debate sea franco, leal y democrático», subraya Lina Gálvez ante la cuestión de si Andalucía debe temer que Madrid y Cataluña adquieran privilegios en este debate territorial y actuar en consecuencia.

«Creo que esto no es lo sustantivo. ¿Desde cuándo la política económica es sólo pugnar por tener algo más de presupuesto? Yo creo que con una tijera inteligente en el presupuesto actual seríamos capaces de compensar cualquier supuesta pérdida en el reparto», apostilla Salgueiro. Añade no estar conforme con que se asimile Andalucía a Junta de Andalucía. «La Junta es sólo un proveedor de servicios colectivos, un inversor de infraestructuras colectivas, un repartidor de fondos europeos y un regulador de actividades económicas, nada más. Y nada menos, pero no es Andalucía».

El ejecutivo PSOE-IU habla de asfixia por los recortes y reformas legales de Rajoy para cumplir con el objetivo del déficit. Lamenta además una pérdida de 2.821 millones de euros desde 2009 por la aplicación de un modelo de financiación que le perjudica. El sistema fue aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero. Andalucía se posiciona cara al futuro modelo. Propone la financiación según el gasto medio por servicio y persona. El 80% del Presupuesto va a educación, sanidad y servicios sociales.

«Yo creo que Andalucía debe defender un modelo que no fomente la desigualdad territorial y sobre todo entre las personas. Además, creo que no deberíamos limitarnos a hablar sólo de fiscalidad y reparto del gasto público sino también de qué políticas industrial, de innovación. se ponen en marcha para favorecer la convergencia y no la divergencia entre territorios», sugiere Lina Gálvez.

Esta profesora, seleccionada por la ONU para preparar un informe sobre la repercusión de la crisis en la igualdad de género, no cree que sea en el reparto del dinero que llega a las comunidades para su gestión donde se produzcan los mayores desequilibrios y perjuicios para Andalucía. «Se producen en el destino de otros fondos y de otras decisiones políticas, cómo qué sectores económicos se decide potenciar o subvencionar, dónde colocar las sedes de las principales compañías, qué política comercial desarrollar o dónde colocar los grandes centros de innovación», afirma subrayando como ejemplo las subvenciones a la automoción en Cataluña.

Traje a medida de Cataluña

«El sistema actual de financiación autonómica es el resultado de un traje a medida de las exigencias de los catalanes, ni más ni menos. Yo creo que el Estado debe limitarse a garantizar la suficiencia razonable de los servicios públicos (y esto no significa igual financiación por habitante, porque hay realidades socioterritoriales muy distintas). Y la comunidad que quiera ofrecer más servicios tendrá que dar la 'cara recaudatoria' de una vez», apostilla Salgueiro, a quien le produce «aburrimiento» tantos cambios en los modelos de financiación. «Esto es simplemente una pugna por la distribución de la bolsa común, no una manera de construir un país», lamenta.

Para Lina Gálvez, la crisis ha agrandado las desigualdades. «Las políticas erróneas para combatir la crisis, las llamadas de austeridad, han favorecido la concentración de beneficios en aquellas personas o territorios que más capital acumulaban y eso no ha beneficiado a Andalucía que es una comunidad más pobre y compuesta de personas con un nivel de renta inferior, donde, además, un tejido productivo muy débil y poco diversificado la ha hecho más vulnerable a la crisis y la pérdida de empleo».

Para Rafael Salgueiro los errores vienen del pasado, de los años 90, de la fragilidad de la economía andaluza y también deplora por ineficaz la concertación social con sindicatos y la CEA. «Es duro lo que voy a decir, pero aquí hemos reproducido algunas de las instituciones características de la Dictadura. Y añado que si los malos resultados económicos evidencian una política económica defectuosa, ésta no es sólo responsabilidad de la Junta, sino también de quienes durante 25 años han consensuado esa política económica».