Registran la sede del Gobierno de Melilla por un caso de adjudicaciones fraudulentas

Miembros de la Unidad Central Operativa y de la Policía Judicial de la Guardia Civil procedieron a registrar desde las nueve de la mañana de ayer diferentes dependencias municipales y consejerías de la ciudad autónoma de Melilla en el marco de la 'operación Ópera', por la que se investigan posibles fraudes en la concesión de adjudicaciones públicas. Los agentes se incautaron de numerosa documentación en el edificio que alberga tanto el Parlamento como la sede del Ejecutivo. Además de las dependencias públicas, fueron registradas algunas empresas privadas adjudicatarias de la ciudad autónoma y domicilios particulares, entre ellos el del consejero de Medio Ambiente.

La operación corre a cargo de la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Melilla, María José Alcázar, quien permaneció por espacio de una hora en la sede del Gobierno local y pasó toda la tarde recorriendo los departamentos investigados. Después de la inspección de la magistrada, se requirió en los registros la presencia de los técnicos informáticos de la ciudad autónoma así como de diferentes funcionarios, principalmente del área de Economía y Hacienda. Los agentes buscaron también documentación en las áreas de Cultura y Festejos, Fomento, Seguridad Ciudadana y en la empresa de seguridad privada Eulen, adjudicataria de varios contratos públicos.

El auto de la juez Alcázar sobre la 'operación Ópera' se centra en contratos menores, y por tanto sin concurso público, adjudicados a cuatro empresas de Melilla, que suman más de 4,9 millones de euros facturados a la ciudad autónoma en obras y servicios en un periodo de varios años. Las relaciones amistosas y profesionales entre estas empresas y el Ejecutivo melillense centran una de las muchas líneas de investigación de esta complicada trama.