El Supremo se opone al indulto de Garzón porque no se ha arrepentido y sería injusto

El indulto a Baltasar Garzón tenía la puerta cerrada desde el mismo día en que fue condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación. Eso fue hace poco más de dos años, el 9 de febrero de 2012. Entonces, en el pasillo de los pasos perdidos del alto tribunal, lugar de confidencias de los magistrados, ya se barruntaba el fin de la carrera del juez estrella, inhabilitado a 11 años por vulnerar los derechos en prisión de los abogados del 'caso Gürtel'.

El pensamiento de la sala era que Garzón había liquidado su etapa en la judicatura; él mismo lo dejó entrever por dos motivos: la desazón de una derrota personal y el hecho objetivo de que su pena no vencía hasta febrero de 2022, cuando él tuviera 66 años. Segundo por la certeza del juez de que ni el amparo en el Tribunal Constitucional ni la medida de gracia prosperarían. Y tercero porque nunca podría pedir perdón, reconocer los hechos ni mostrarse arrepentido ante el mismo tribunal que le quitó la toga.

Con estos antecedentes, la sucesión de acontecimientos desde ese 9 de febrero de 2012 ha sido la prevista. En mayo de ese año una asociación de jueces y fiscales europeos -Medel en sus siglas en inglés- pidió el indulto al Ministerio de Justicia con el argumento de que Garzón había hecho un trabajo extraordinario en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado. Asimismo, su forma de trabajar había marcado tendencia en Europa, Iberoamérica y países anglosajones.

Los 16.000 magistrados, jueces y fiscales europeos que forman parte del colectivo de condición progresista hablaban de un escrito razonable, no agresivo, con posibilidades de prosperar. «Hay un sector progresista que considera que (pedir el indulto) es rendirse, humillarse, pero está hecho con moderación y prudencia», argumentó entonces el exfiscal José María Mena.

«Ni Justicia ni equidad»

Después de que el escrito de Medel entrara en Justicia, la División de Derecho de Gracia le preguntó en junio a Garzón si asumía la petición como propia. Entonces éste respondió que él no pidió el indulto, ni solicitó a nadie que lo hiciera en su representación, pero reconoció que la asociación lo había formulado en su nombre, lo que valió al ministerio para comenzar el trámite.

Estas misivas parecerían baladíes, pero después se han demostrado que no. Ya que detrás de la solicitud de Medel, no de Garzón en persona, está el asunto de la ausencia de arrepentimiento del juez. Una actitud que utilizaría luego la Fiscalía y ayer la Sala de lo Penal del Supremo para rechazar el indulto.

En ese ínterin, entre la respuesta de los órganos judiciales y la tramitación de Justicia, sucedió algo que levantó polvareda. El expediente estuvo 15 meses perdido entre el ministerio y el Supremo. Una demora que despertó suspicacias y que llevó al departamento de Alberto Ruiz-Gallardón a explicar que había sido responsabilidad de Correos, ya que el expediente se había enviado por vía ordinario al Supremo en verano de 2012.

Resuelto el caso, la Sala de lo Penal del alto tribunal emitió ayer un informe contrario a la obtención del indulto, como era previsible. Los siete magistrados que condenaron a Garzón argumentaron que no concurren razones «de justicia ni equidad» que justificarían esta medida de gracia y que además no se ha arrepentido de su actuación.

Los magistrados Joaquín Giménez, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena recuerdan que fue condenado por el delito más grave, prevaricación. Y que pese a los méritos presentados por Medel «es posible poner de relieve luces y sombras» en el bagaje del juez.

El informe se incorporará ahora al expediente de indulto y se enviará a Justicia, que tendrá que elevar su postura al Consejo de Ministros para su resolución.