El fiscal quiere que Mas declare en persona por el asedio al Parlamento

Ni por escrito ni por videoconferencia. Mejor venir en AVE desde Barcelona acompañado de todo el séquito, seguridad incluida, a cargo del erario de la Administración de Justicia. Eso es lo que quiere la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el juicio por el asedio al Parlamento de Cataluña en junio de 2011: que el presidente Artur Mas se desplaze al tribunal central para asistir como testigo a la vista oral, que se desarrollará entre el 31 de marzo y el 3 de abril y en el que serán juzgados 20 manifestantes.

En un escrito remitido ayer a la Sala de lo Penal, los fiscales rechazan la solicitud del abogado de Mas al argumentar que la prerrogativa de declarar por escrito solo afecta a casos en los que el testigo hubiera tenido conocimiento «por razón de su cargo». Sin embargo, en el caso del presidente declarará con la condición de «víctima o agraviado por la situación de coacción sufrida» como diputado, lo que justifica, a su entender, la exclusión de la aplicación de este «privilegio».

Además, la acusación alegó que si Mas declarara por escrito «se vulneraría uno de los derechos fundamentales de todo acusado, el de interrogar al testigo directo y someter a contradicción su testimonio».

La Fiscalía también rechaza la solicitud de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, de declarar por escrito pues en este caso su cargo «no se encuentra en el listado» previsto por la ley para acogerse a este privilegio. De igual modo, se opone a que 33 testigos -los consejeros Ramón Espadaler y Santi Vila, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, y 30 entonces diputados- declaren por videoconferencia. En el caso de estos tres, recuerda que el «privilegio desaparece cuando se trata de declarar ante el juicio oral».