El Gobierno comunica a los verificadores que no va a dejar de detener a miembros de ETA

El Gobierno insiste. Ni reconoce a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) ni da por bueno su trabajo ni mucho menos admite su recomendación de dejar de detener etarras para facilitar un proceso de catalogación de arsenales y desarme. En resumidas cuentas, advirtió una vez más Jorge Fernández Díaz, el Ejecutivo no quiere mediadores porque con ETA «no se negocia», simplemente se le «derrota».

La supuesta neutralización de armas anunciada el viernes por los verificadores, lejos de hacer variar la estrategia del Ministerio del Interior, ha confirmado su convicción de considerar que la CIV es en realidad una «comparsa» de la banda terrorista a la que ETA usa como «altavoz internacional», según la expresión de uno de los responsables de este departamento. Interior considera que la comisión ha hecho el «ridículo» sobre todo tras reconocer que los propios terroristas se llevaron en una caja las armas tras grabar el vídeo enviado a la BBC con la supuesta entrega.

Fernández Díaz, sin citar a la comisión, quiso mandar ayer un mensaje directo al grupo que dirige Ram Manikallingam y advirtió de que seguirá habiendo detenciones de activistas porque el «Estado de Derecho no está en suspenso». Y remarcó que España no necesita intervención exterior alguna para conseguir el desarme. «Vamos a culminar este trabajo consiguiendo la disolución definitiva de ETA», apostilló.

El ministro, que volvió a decir que el Gobierno jamás será partícipe de la «teatralización y escenificación» hecha por ETA con la ayuda de la comisión, reiteró que el Ejecutivo no tiene intención de dar pábulo a la CIV y a la idea de que su misión es ayudar a resolver un conflicto con dos frentes. «No estamos ante un proceso de paz, sino de disolución del terrorismo, el proyecto de ETA ha sido derrotado. Aquí no ha habido guerra ni ha habido dos bandos, tampoco hay presos políticos ni presos vascos, hay presos terroristas que están en la cárcel por haber cometido delitos horribles. En España nadie va a la cárcel por dónde ha nacido», recordó Fernández a los verificadores.

El máximo responsable de la lucha antiterrorista no ocultó el desprecio del Ejecutivo al grupo internacional y a su supuesta mediación para el desarme. «Si nos dan la geolocalización y las coordenadas de sus zulos y de sus arsenales, que no se preocupen, que la Policía y la Guardia Civil van efectivamente a comprobar si entregan sus armas».

«Mal sainete»

Si dura fue la respuesta del Ejecutivo al trabajo de la CIV más aún lo fue la del PP. Su secretaria general, Dolores de Cospedal, no ahorró en calificativos para definir el vídeo del desarme y la labor de la comisión. «Tomadura de pelo», «mal sainete», «vodevil» o «falta de respeto a la inteligencia del pueblo español». Según Cospedal, lo ocurrido el viernes fue «espectáculo» con actores «relativamente bien pagados», en referencia al grupo de Manikallingam, y con «artistas invitados», entre los que situó al lehendakari Íñigo Urkullu y a los socialistas vascos por dar «toda la credibilidad» a los verificadores.

El PSOE, por su parte, evitó ahondar en la polémica sobre el papel de la CIV. El secretario de Organización sorteó varias veces las preguntas de si su formación avala el trabajo de la comisión y, en particular, si el partido hace suyo el comunicado del PSE en el destacaba que el grupo internacional tiene un «reconocido prestigio». Se limitó a señalar que el presunto desarme es «un paso».

Óscar López enmarcó las críticas de Cospedal a los socialistas en un intento de «provocación» para «meter a ETA en campaña». «No entiendo que se ataque al PSOE por esta cuestión, no sé si el PP tiene un empeño de volver a las andadas del pasado», explicó el número tres de los socialistas.