El parlamentario andaluz Rafael Ruiz Canto, niega cualquier ilegalidad. :: L. V.
SAN FERNANDO

El PP insiste: «Es una barbaridad y si Rodríguez no rectifica le pondré una querella criminal»

El parlamentario andaluz Rafael Ruiz Canto asegura que la contratación de la empresa de su hermana es «totalmente legal» y que sólo han ido a «hacer daño»

SAN FERNANDO. Actualizado: Guardar
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«Gracias a Dios, todavía algunos creemos, defendemos y nos amparamos en la Justicia. Manchar la dignidad ganada a pulso tiene coste». Así se manifestaba el parlamentario andaluz Rafael Ruiz Canto en redes sociales tras denunciar el concejal socialista Conrado Rodríguez, «irregularidades» en la contratación de una empresa, cuya titular es la hermana del militante popular, para la realización de servicios en el Real Teatro de Las Cortes.

El parlamentario negó «categóricamente» las palabras del socialista y dijo estar a la espera de tener el acta del Pleno para elevar una «querella criminal si no se produce una rectificación». Asegura que la contratación de la empresa de su hermana es «totalmente legal», si bien no quiere inmiscuirse en tales asuntos puesto que «yo no tengo nada que ver con esto. Lo que puedo decir es que estoy sorprendido porque es una barbaridad y este hombre no tiene vergüenza ninguna. Es todo mentira y no le ha importado el daño que ha hecho con tal manifestación actuando de mala fe». Todo ello tras exponer que la empresa lleva tiempo realizando labores para Cultura y que precisamente está especializada en las tareas que realiza en el Real Teatro de Las Cortes. «No todo vale».

Una expresión que también utilizó el delegado de Hacienda, Manuel Raposo, tras anunciar que se ha dado orden a los servicios jurídicos para que constaten la posibilidad de que la declaración de Conrado Rodríguez pueda ser objeto de delito. Sobre todo porque desde el PP se asegura que la empresa, que realiza labores técnicas de sala y de limpiezas en el Real Teatro de Las Cortes «fue la que mejor oferta presentó de entre las que concurrieron al concurso previo a la adjudicación del servicio».

Pero el Partido Socialista no ha dado ninguna señal de dar marcha atrás en su denuncia y lo último que se conoce es que ha entregado un escrito en el registro municipal para solicitar más información sobre esta empresa. Sobre todo porque según el registro mercantil, se trata de una entidad que se encarga de hacer reformas y rehabilitaciones de edificio. Si bien Ruiz Canto especificó no saber de dónde viene eso e incidió en que la contratación proviene de un concurso público y que los servicios que presta son aquellos en los que la entidad está especializada.

Y aunque el PSOE no ha manifestado de forma pública ninguna acusación de trato de favor, desde el PP se considera que la insinuación es lo bastante grave como para acudir a los juzgados. Lo que sí ha solicitado el PSOE son aclaraciones pues según la formación «la contratación de empresas de familiares deben realizarse de la forma más transparente y siempre ligado a la legalidad».

Además, se acoge a un informe del interventor que recoge estas facturas, entre otras, en un informe sobre incumplimientos en la normativa de Contratación. El PP asegura que las nueve facturas por valor de 9.000 euros son por actos que estaban fuera de programa del teatro y lo «normal» es que se contrate a la empresa que está realizando el servicio. Unos actos extraordinarios que van desde conciertos a entrega de reconocimientos. Por el momento la guerra de las facturas no ha hecho más que comenzar y habrá qué ver cómo evoluciona durante la próxima semana.