La jueza Alaya insiste en investigar a la Cámara de Cuentas por el 'caso de los ERE'

La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, insiste en investigar a la Cámara de Cuentas andaluza para determinar «qué pudo hacer» y no hizo el órgano fiscalizador para advertir las irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas en crisis, sobre todo cuando se mantuvieron tanto tiempo.

En un auto conocido ayer, la magistrada suspende la comparecencia prevista para el próximo martes de los peritos de la Intervención General del Estado y les ordena que amplíen su investigación. Alaya indaga si la Cámara de Cuentas, como conocedora de las cuentas generales anuales de la Junta de Andalucía, de qué manera supo del uso del procedimiento de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales de la partida 31L de la Consejería de Empleo a través del IFA, luego IDEA.

Alaya considera que el procedimiento es ilegal porque el destino del dinero transferido escapa al control de la Intervención de la Junta al no aplicar la ley de Subvenciones. Durante una década, de 2001 a 2010, la Junta pagó las ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) con este sistema. La jueza considera que la irregularidad en la concesión permitió el fraude al carecer de publicidad y control.

La Cámara de Cuentas daba el visto bueno cada año a los Presupuestos que incluían la partida 31L. Además también fiscalizaba la cuenta general de ejecución de dichos presupuestos, en los que se incluían las trasferencias de la 31L al IFA sin que ningún año advirtiera irregularidad alguna. En su informe de 2011 sobre las ayudas sociolaborales, una vez estallado el caso ERE, la Cámara concluyó que el sistema de transferencias no era el adecuado.

Ahora Alaya, advertida por el abogado de uno de los imputados, pide a los peritos de la Intervención General del Estado que «determinen qué pudo haber hecho la Cámara de Cuentas para poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General y, en definitiva, para evitar la continuidad del programa 31.L a través de las transferencias de financiación a IFA/IDEA».

Alaya pide a la Intervención General de la Junta que aporte «en un plazo no superior a cinco días», los mismos documentos que entregó a la Cámara de Cuentas de la cuenta general desde 2000 a 2010 referido al programa 31L. Requiere también a la Consejería de Hacienda que remita los expedientes de modificaciones presupuestarias del mismo programa que enviaron a la Cámara de Cuentas. Y a esta le pide con la misma urgencia los documentos que recibió de la Junta para comprobar si en ellos consta lo mismo.

Fuentes de la Cámara de Cuentas indicaron a Europa Press que aportará la documentación que le solicita Alaya y reiteraron su colaboración con la Justicia «como siempre ha hecho». La jueza ha rechazado la petición de varios abogados para que se grabe la comparecencia de los peritos de la Intervención General del Estado.