La juez de los ERE embarga un piso en Madrid de CC OO

La Federación Metalúrgica de CC OO deberá responder con uno de sus inmuebles en Madrid a la fianza de responsabilidad civil impuesta a uno de sus dirigentes en Andalucía por la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. Mercedes Alaya apuntó a que la federación sectorial era responsable subsidiaria del pago de esa fianza, cifrada en más de 471.000 euros, y conminaba a la central a designar los bienes con los que haría frente al pago. El sindicato afirmó ayer que el embargo no se ha materializado aún y apuntó que el inmueble fue usado como aval de la fianza. La instructora tomó declaración en octubre al ex secretario general de la federación Minerometalúrgica en Andalucía entre 1991 y 2009, Manuel Roberto Carmona Soto, detenido en el marco de la 'operación Heracles'.

Según una resolución de la instructora, Carmona y el también detenido y secretario general de UGT en Cádiz Salvador Mera contactaron con la consultora Uniter entre 2006 y 2007 para reclamarle 180.000 euros cada uno en concepto de gastos derivados del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, como «viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas y demás gastos de convocatoria». La petición se hizo «a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos», y fue admitida por Uniter como fórmula de «retribuir el papel del sindicato como facilitador del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario».

La juez concluyó que ambos sindicatos acabaron recibiendo 7,6 millones de euros de las mediadoras que tramitaron la mayoría de los ERE con cargo a las sobrecomisiones pagadas por la Junta. Y dejó abierta la posibilidad de que en ocasiones el dinero fuera cobrado «doblemente» en Madrid y Andalucía.