La férrea postura de Berlín siembra de dudas el futuro de la Unión Bancaria

La madrugada del 19 de diciembre, el Consejo de Ministros de Economía de la UE (Ecofin), brindó con champán francés tras cerrar un «histórico» pacto que permitiría levantar el segundo pilar de la unión bancaria, el llamado Mecanismo Único de Resolución (MUR), el instrumento que podrá decidir cómo, cuándo y qué entidad financiera debe cerrarse por ser inviable. Todavía hoy, 19 de febrero, el champán sigue sin digerirse. Y lo peor es que Europa corre serio peligro de atragantarse.

El fondo del problema vuelve a estar en Alemania. El Gobierno federal liderado por Angela Merkel comunicó ayer al Ecofin y la noche anterior al Eurogrupo (18 ministros de Finanzas de la moneda única) que ya cedieron lo suficiente en diciembre y que no van a ceder ni un milímetro en los aspectos claves del MUR. La férrea posición de Berlín es de sobra conocida: que cada país asuma el grueso de su factura y sobre todo, que los contribuyentes dejen de costear los excesos bancarios. Dicho de otro modo, que los alemanes no paguen los platos rotos de los bancos franceses, portugueses, españoles o irlandeses.

Pese a los políticamente correctos mensajes de «optimismo» lanzados ayer por el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, o los ministros de Economía de España, Luis de Guindos; de Holanda, Jeröen Dijsselbloem (también presidente del Eurogrupo); de Grecia, Yannis Sturnaras e incluso Alemania, Wolfgang Schäuble, lo cierto es que el futuro del MUR sigue aún difuso.

Y lo está porque el Europarlamento, que debe ratificar la propuesta antes de las elecciones del 25 de mayo -como muy tarde en abril-, ya ha advertido de que no aceptará la propuesta de los Estados miembros -también fue bendecida por el Consejo Europeo en la cumbre de diciembre-. «Es preferible no alcanzar un acuerdo y esperar a la próxima legislatura que votar uno malo», aseguran. Un escenario no descartable y que «sería lo peor que ahora le puede pasar a Europa», insisten fuentes diplomáticas.

El Mecanismo de Resolución estará compuesto de dos importantes herramientas y en ambas hay serias discrepancias. En lo referido a la autoridad que llevará el peso de las decisiones, Alemania, con el apoyo de los países del Norte, ha logrado que los países tengan plenos poderes en la toma de decisión evitando así derivarlas al BCE, que ya ostenta el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) o a la Comisión, institución que en principio iba a tener el botón rojo para cerrar una entidad. Finalmente, la última palabra estará en el Consejo, en los Estados miembros. El Parlamento exige más transparencia y capacidad de decisión, pero Berlín se niega en redondo a perder el control sobre sus bancos alegando problemas de legalidad, como insistió Schäuble.

El otro caballo de batalla es el fondo de resolución, que estará dotado con 55.000 millones que serán aportados por los bancos. Hasta 2026 se crearán compartimentos nacionales donde cada país deberá asumir los problemas originados por su sector financiero. En paralelo, ser irá produciendo una mutualización anual del 10% (90% nacional-10% europeo; 80-20; 70-30...) hasta completar en diez años una auténtica hucha común con etiqueta europea.

'Tasa Tobin'

No hay plazos de aplicación ni normativa específica 'ad hoc', pero Europa se mostró ayer decidida a resucitar el «impulso político» para poner en marcha el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), tributo popularmente denominado 'Tasa Tobin', que podría generar entre 30.000 y 35.000 millones según estima la Comisión. En España, por su parte, algo menos de 5.000. No obstante, si finalmente se queda fuera la deuda pública, estas cantidades se reducirían en un 25%.

Ayer, el ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó que se había reunido con los colegas de los otros once países que apoyan el ITF (Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia) para intentar avanzar sobre las grandes líneas del proyecto. «Es indudable que hay una voluntad política pero tiene que hacerse con los fundamentos técnicos adecuados», admitió.

Aunque eludió pronunciarse sobre un calendario de implantación, De Guindos avanzó que la introducción de la tasa será «gradual» y que no se aplicará a activos donde podría provocar «consecuencias indeseables» y evite deslocalizaciones.

En este sentido, el ministro desveló que hay un principio de acuerdo para que «el primer activo que estaría sujeto al ITF sean las acciones». «El planteamiento que defiende España es que debe ser tanto en el mercado al contado como en el de derivados», apostilló.