La Audiencia Nacional sienta en el banquillo al ex número dos de la CAM por su saqueo

Una entidad que fue un mero «instrumento» en manos de su número dos para ganar más dinero con una ambición desmesurada, que llevó a su rescate forzoso en julio de 2011 por el Banco de España con 5.200 millones de euros, una primera factura con cargo al erario público que con los años ha engordado hasta los 15.000 millones. Bajo esta premisa, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ordenó ayer sentar en el banquillo de los acusados a quien fuera director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) entre 2001 y 2010, Roberto López Abad.

Le acompañará quien fuera su 'mano derecha' y responsable de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, existen indicios racionales de que ambos pudieron cometer sendos delitos continuados de apropiación indebida y, alternativamente, dos delitos societarios de administración desleal, además de otro delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de un tercero que habría perpetrado supuestamente el segundo de ellos.

Las penas que solicitan la Fiscalía Anticorrupción, el FROB y la Fundación de la CAM -como acción popular-, así como un grupo de pequeños inversores en calidad de acusación particular, van desde los cuatro hasta los seis años de cárcel para López, y desde los dos hasta los 10 años para Avilés. Asimismo, en el auto de apertura de juicio oral se les imponen sendas fianzas de 1,9 y 6,6 millones de euros, respectivamente, que habrán de pagar en los próximos días o serán embargados sus bienes.

Tras dos y medio de pesquisas, el juez Gómez Bermúdez ha concluido que ambos diseñaron una «estrategia» de enriquecimiento propio -dentro de un saqueo más amplio a través de negocios sospechosos que son investigados en otras causas- mediante distintas operaciones, que causó un perjuicio de 6,4 millones a la CAM que, en caso de ser condenados habrán de retornar vía indemnización al actual dueño de la caja, el Banco Sabadell. Aunque no estarán solos en ese resarcimiento, pues el instructor ha declarado partícipes a título lucrativo a otros 22 exdirectivos de la entidad que recibieron distintos sobresueldos según los casos, desde un mínimo de 12.000 euros a un máximo de 386.600 euros.

Diez veces más en tres años

Todos fueron miembros de la comisión de control de una filial de la CAM, llamada Tenedora de Inversiones, cuyas retribuciones se multiplicaron por 10 en apenas tres años (2005-2008) pese a que su actitud en ese cargo «fue meramente pasiva», apostilla el fiscal, para quien aquel órgano no fue más que «un mero y burdo instrumento ideado» por el entonces número dos.

López Abad convenció al resto de miembros del consejo de administración de la caja -no le costó mucho, según los documentos que obran en la causa- para que autorizaran que los altos cargos de sus filiales pudieran cobrar, en dietas -1,5 millones en total, según el juez-, incluso más que el órgano de gobierno de la CAM, vulnerando así lo previsto tanto en sus propios estatutos como en la normativa sobre cajas de ahorro. Y todo ello, subrayan las acusaciones, «sin realizar trabajo adicional alguno».

Reabierta así la veda para cobrar elevados emolumentos extra «sin justificación», Avilés -cuya mujer, hermano y dos hijos también deberán responder pecuniariamente de sus excesos en la CAM- se las ingenió para que la entidad le concediera de forma irregular varios créditos que sumaban más de 23 millones para financiar una promoción inmobiliaria. Logró, además, que fueran renovados pese a la situación de insolvencia de sus sociedades e incluso intentó que la caja le comprara las casas y saldara los préstamos.

Al final, el quebranto económico que causó se estima en 4,9 millones. Para Anticorrupción, la consecuencia es que la caja «no contó con un presidente de la comisión de control que realmente cumpliera con su cometido», pues «estuvo mucho más atento a sus intereses personales que a los de la propia CAM».

Este no será, sin embargo, el primer juicio contra exdirectivos de cajas. En mayo se sentarán en el banquillo el expresidente de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y otros tres antiguos altos cargos por autoconcederse pensiones multimillonarias.