PSOE e IU siguen atascados en dar salida a las leyes prometidas en esta legislatura

Este martes el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el proyecto de ley de medidas por la transparencia política, cuyo borrador fue adelantado el pasado junio. Será la primera de las 27 leyes contenidas en el acuerdo de gobierno que PSOE e IU firmaron en abril de 2012 que verá la luz. Un hecho que hace admitir a los dos socios una casi nula actividad legislativa del ejecutivo. Si se exceptúa la ley antidesahucios, que primero fue decreto y que se aprobó en octubre, ninguna otra hasta la de este martes ha sido aprobada. Además, la norma que incluye expropiaciones para evitar desahucios y multas de viviendas vacías de las entidades bancarias no estaba incluida en el pacto y ahora está paralizada por el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional.

El compromiso de PSOE e IU antes de finalizar el pasado año fue el de dar un impulso, un acelerón a los proyectos legislativos, pero casi dos meses después de empezar el año todos siguen atascados, al parecer por dificultades de entendimiento y acuerdo sobre sus contenidos entre PSOE e IU. Unos retrasos en los que también influyen los cambios habidos primero en IU con la llegada de Antonio Maíllo en junio como líder regional, y luego en el PSOE con el ascenso de Susana Díaz a la presidencia de la Junta y la entrada de nuevos consejeros. Cambios que ha obligado a modificar las relaciones, ya que los interlocutores en la comisión de enlace son en algunos casos otros en el caso de ambos partidos.

La ley de transparencia ya tiene fecha, este martes día 18 de febrero, pero otras normas anunciadas para ver la luz en el último trimestre del pasado año como tope siguen esperando hora y lugar. Es el caso de las leyes de participación ciudadana y de memoria democrática, que dependen de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que dirige Diego Valderas (IU). De las dos hay borradores e incluso se han filtrado contenidos. En la primera se quiere regular una mayor implicación de los ciudadanos en la acción del gobierno, en la que tendrían cabida las consultas populares y unos presupuestos participativos. La de memoria democrática aspira a llenar las lagunas que deja la ley estatal con medidas más rompedoras a favor de los que perdieron la guerra civil. Las dos llevan anunciadas desde hace meses como inminentes, pero ninguna tiene el visto bueno del PSOE, cuyas trabas se basan sobre todo en discrepancias tanto económicas como de contenidos. IU quiere ir más allá de lo que el PSOE está dispuesto a llegar, según admiten fuentes de este último partido. En el caso de la memoria histórica hay casi dos textos completamente distintos.

Tampoco se ha concretado el consenso sobre la ley contra el fraude fiscal y social, cuyo anteproyecto fue presentado en septiembre. IU intenta abrir una vía para obtener más ingresos si no con nuevas tasas, sí al menos con variables en algunos impuestos que haga pagar más a los que más tienen.

Grandes superficies

Izquierda Unida ha desistido de incluir en esta ley la tasa sobre las grandes superficies ante la negativa tajante de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Si bien, la formación izquierdista no renuncia a ella y espera que llegue al Parlamento como una iniciativa legislativa popular (ILP). Para ello, IU inició el pasado otoño una campaña de recogida de firmas a través de una plataforma en la que participan asociaciones de vecinos (CAVA), de consumidores (Facua y UCA), sindicatos (CCOO y UGT) y de comerciantes de varias provincias, entre ellas Córdoba y Málaga.

Susana Díaz pretende que la reforma de la ley de Cámara de Cuentas sea la siguiente a la de transparencia, ya que está vinculada con esta al permitirle que pueda sancionar a las instituciones u organismos que no cumplan con el deber de rendir cuentas, entre otras medidas. También se está a la espera de que los servicios jurídicos encajen la norma que dé luz al banco público o instituto público de crédito, para lo que hay previsto 1.200 millones de euros del Presupuesto de este año destinado a empresas. Tampoco hay fecha para la ley de protección de los consumidores de productos hipotecarios, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado septiembre y que pretende prevenir de fechorías bancarias como la de las cláusulas suelo.