El país imposible dice basta

Bosnia y Herzegovina ha roto el silencio que durante casi dos décadas ha sido interpretado en clave de estabilidad y tranquilidad en la zona, extremadamente ruidosa en la década de los noventa. En 1995 callaron las bombas y los morteros y la población, al principio eufórica por haber dejado atrás una de las mayores barbaries del siglo XX, comenzó con otro tipo de supervivencia. La gente ya no tenía que refugiarse en los sótanos, arriesgar el pellejo por un cubo de agua o una lata de comida caducada ni tampoco cambiar su coche por un saco de leña sino adecuarse a los nuevos tiempos y funcionar en la paz: salir de casa sin miedo, trabajar, formar una familia, ir de compras, de vacaciones, disfrutar del cine y el teatro...

Diecinueve años más tarde, muy pocos pueden permitirse estos 'lujos' y de ahí que los ciudadanos se echaran a la calle el pasado día 7 para escenificar su indignación con la situación actual, exigir las elecciones anticipadas, la reforma constitucional y la marcha de una clase política corrupta que les ha llevado a la ruina. El país imposible ha dicho basta.

La guerra de Bosnia (1992-1995) dejó más de 100.000 muertos y un millón de desplazados, un reguero de sangre y ausencias que sigue recordándose a diario en el marco de un Estado desajustado y disfuncional. Los que escaparon de aquel infierno están diseminados por todo el mundo, desde Canadá a Australia, y el dinero que envían todos los meses a sus familias o amigos supone un balón de oxígeno tanto para la economía doméstica como la nacional. Es una importante fuente de ingresos -junto a la manufacturera y la ayuda internacional- que agradece una población castigada por el desempleo y la corrupción, que es sistémica e impregna todas las esferas sociales. La tasa del paro es del 44% y algunos de los que tienen suerte de trabajar lo hacen en condiciones precarias. El sueldo medio es de 420 euros y no son pocos los que desempeñan sus actividades profesionales sin contrato y, por tanto, sin cobertura médica.

El estallido social que se produjo hace apenas nueve días es una respuesta -muy tardía, por cierto, y de intensidad variable- a un sinfín de tropelías cometidas por la clase política desde la conclusión de la guerra. Saqueo y salvaje privatización de las empresas públicas; adjudicación a dedo de cargos y puestos de trabajo, es decir, por nexos partidistas y familiares; sueldos desorbitados -hay parlamentarios rasos que cobran 3.000 euros sólo por levantar la mano en las sesiones plenarias y mantener la disciplina de voto-; escasa inversión en educación, sanidad, empleo e infraestructuras -en 15 años se han construido menos de cien kilómetros de autopistas y ninguna universidad satisface las normas de la Unión Europea-; y un aparato gubernamental insostenible por su gigantismo y el volumen desmedido de instituciones y dirigentes.

150 ministerios

Conviene recordar que la guerra de Bosnia y Herzegovina terminó en diciembre de 1995 con los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a una matanza de tres años y medio y alumbraron un Estado formado por dos partes: la serbobosnia (Republika Srpska) y la de los musulmanes y croatas (Federacija). Cada una de ellas dispone de sus gobiernos, gabinetes y ministerios y, por si fuera poco, esta última se organiza territorialmente en diez cantones, con sus respectivos ejecutivos locales, consejerías.... Pues bien, el resultado de todo esto es un aparato mastodóntico de más de 150 ministerios sólo en Federacija e infinidad de secretarías y departamentos que, según los datos oficiales, absorben más de la mitad del presupuesto del país.

Una composición caótica y sobredimensionada que proporciona pingües beneficios a los políticos y sus aliados. Sirvió para parar la guerra, pero no funciona en la paz. Unos quieren conservar las bases y principios de Dayton a toda costa como garante de su autonomía (Republika Srpska), y otros quieren cargárselos para borrar el enclave serbio.

Con todos estos antecedentes, muchos se preguntan por qué han tardado tanto los bosnios en canalizar su ira en protestas y echarse a la calle. Su inmovilismo tiene una justificación lógica: el miedo a un nuevo enfrentamiento. «Mientras no se dispare, todo bien», era la respuesta generalizada cuando se les preguntaba por la situación del país, por su estancamiento. De hecho, los propios partidos políticos se han encargado de alimentar este temor y de fomentar el odio religioso y la desconfianza entre musulmanes, serbios y croatas. Tenía que bastar con la paz, con el cielo limpio de fuego y plomo, pero han agotado la paciencia del pueblo. «Debíamos haberlo hecho antes», comenta desde Sarajevo Dalibor Nedic, exinternacional con Bosnia y ahora propietario de una escuela de fútbol. «La gente está harta y las protestas son más que justificadas. Hay asambleas todos los días en varias ciudades del país -él acudió a una de ellas el viernes- y si no se atienden nuestras peticiones las manifestaciones continuarán. ¿Solución? Elecciones anticipadas y, hasta entonces, un Gobierno provisional con tecnócratas. Nada de partidos, de políticos profesionales. No se salva ninguno».

Y ellos, los políticos, tratan de rebajar la tensión ambiental. En una palabra, sobrevivir. «Hay que parar la violencia -el primer día de protestas ardieron varios edificios gubernamentales en todo el país-, garantizar la seguridad de los ciudadanos y convocar las elecciones anticipadas», manifestaron los socialdemócratas (SDP). El conservador y musulmán Partido de Acción Democrática (SDA) también se ha mostrado favorable a un «adelanto electoral» -ellos lo fijarían en mayo- y ha expresado su compromiso con una mayor «justicia social, erradicación de la corrupción y el fomento del empleo». Los serbios del SNSD insisten en el «respeto de los acuerdos de Dayton», que garantizan la autonomía de su territorio -muchos interpretan la nueva situación como un intento de reformar el orden constitucional y acabar con la Republika Srpska- y la Unión Democrática Croata (HDZ) solicita una mayor implicación de la UE para evitar «un nuevo conflicto interétnico».