El Gobierno admite que se disparó al mar en la tragedia de Ceuta

Siete días después de la tragedia que se cobró la vida de 15 inmigrantes, el Gobierno reconoció por primera vez que la Guardia Civil usó material antidisturbios para repeler a los subsaharianos que intentaron llegar por mar a la playa del Tarajal. Hasta el momento se han recuperado doce cadáveres, el último de ellos este jueves.

Ante la comisión de Interior del Congreso, el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, admitió que los agentes dispararon al agua pelotas de goma, cartuchos de fogueo y botes de humo, un extremo que a lo largo de los últimos días había sido negado primero por el delegado del Gobierno en Ceuta, Antonio Fernández, y después por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Ambos habían reiterado hasta ahora que todos los disparos se realizaron en dirección a tierra y a la valla fronteriza.

El ministro justificó, en cualquier caso, que los impactos fueron de carácter disuasorio y que cayeron al menos a 25 metros de los inmigrantes en el mar que luchaban por alcanzar a nado territorio español. También insistió en que en el momento en que el oficial al mando del despliegue de la Guardia Civil consideró que la acción podía resultar peligrosa para los subsaharianos ordenó el cese del fuego. Esta versión contrasta con la de varios supervivientes que afirman que los agentes dispararon contra ellos y que algunos llegaron a recibir impactos de pelotas de goma en la cabeza.

Fernández Díaz eximió a la Guardia Civil de cualquier responsabilidad en la muerte de los 15 inmigrantes. Es más, aseguró que se dispusieron los medios para auxiliar a los subsaharianos.

Durante su comparencia, el titular del Interior hizo hincapié en que durante los primeros momentos del asalto los cerca de 200 inmigrantes que intentaron sobrepasar la valla fronteriza, «muchos de ellos jóvenes de complexión atlética», describió, manifestaron una actitud hostil hacia las fuerzas de seguridad marroquíes, a las que agredieron con palos y piedras. Fernández Díaz añadió que debido a la refriega muchos de los subsaharianos comenzaron a sentir evidentes síntomas de fatiga, pese a lo cual se lanzaron al agua provistos de flotadores caseros. Siguiendo la explicación del ministro, estos salvavidas improvisados «se desprendieron del cuerpo de los inmigrantes o no les proporcionaron la suficiente flotabilidad», lo que unido a que muchos apenas sabían nadar y se agarraban los unos a los otros ocasionó las muertes por ahogamiento.

El responsable del Interior también se vio obligado a responder a las críticas por la devolución inmediata a Marruecos de los 23 subsaharianos que lograron alcanzar el Tarajal. Así, defendió que los inmigrantes no llegaron a entrar en España porque no rebasaron el cordón de la Guardia Civil desplegado en la orilla de la playa. Fernández Díaz defendió que la actuación que llevó a cabo la Guardia Civil no solo fue legal sino también habitual desde 2005.

Petición de dimisiones

Las explicaciones ofrecidas por el titular del Interior no convencieron en ningún sentido a los portavoces de la oposición, que uno tras otro exigieron dimisiones, la primera la del director de la Guardia Civil, ante una tragedia que se ha cobrado 15 vidas.

El PSOE denunció que se trata de «la crónica de un suceso anunciado» debido a la deficiente gestión que lleva a cabo el Gobierno en materia de inmigración. El portavoz socialista Antonio Trevín apuntó directamente a Fernández de Mesa al que acusó de estar en su puesto «exclusivamente para rendir honores el día de la patrona».

Izquierda Plural acusó al instituto armado de omisión del deber de socorro ya que en lugar de ayudar a personas que intentaban llegar a España con precarios medios de flotabilidad se las recibió con material antidisturbios.

En la misma línea, la portavoz de UPyD recordó el deber de España de proteger a las personas que llegan a sus fronteras. Rosa Díez exigió una investigación a fondo sobre lo sucedido con el fin de depurar responsabilidades en caso de que se muestre que ha existido negligencia.

Más beligerante aún se mostró el representante del PNV, Emilio Olabarria, quien tildó de «expulsión sumaria e ilegal» la entrega a Marruecos de los inmigrantes que alcanzaron suelo español.

Desde las ONG también se criticaron las explicaciones del ministro. Según denunció la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, las denominadas 'devoluciones en caliente' infringen la ley de Extranjería, que establece que los inmigrantes deben de ser llevados a comisaría para ser identificados y ofrecérseles asistencia jurídica antes de proceder a su expulsión. A ello suma la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las deportaciones colectivas. Añade esta organización que los inmigrantes se encontraban en territorio español desde el momento que entraron en sus aguas, tal y como establece la ley.