Villalobos rompe la tregua en el PP y pide que la reforma del aborto no se tramite

La calculada tregua en el PP sobre la reforma del aborto se rompió en menos de 24 horas, el tiempo que tardó ayer Celia Villalobos en dejar claro que el cierre de filas en la votación del martes contra la petición del PSOE de retirar el anteproyecto fue algo puntual. La vicepresidenta del Congreso reabrió el debate interno y, en declaraciones en los pasillos de la Cámara baja, no tuvo problemas en reconocer que esa unanimidad «por supuesto, no es real». Y fue más lejos en su discrepancia al mostrarse confiada en que la reforma impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón no llegue al Congreso, es decir, no se tramite. Las afirmaciones confirman que el rechazo a la iniciativa socialista no supone, ni mucho menos, el punto y final de las discrepancias internas.

Villalobos explicó que la cohesión mostrada por su grupo en la votación secreta (183 votos frente a 151 y 6 abstenciones) fue una respuesta al intento del PSOE de que los diputados del PP «traicionaran de una manera un poco fraudulenta a nuestro grupo». Algo que en su opinión «une mucho». Sin embargo, la vicepresidenta del Congreso aclaró que si la votación hubiese sido pública, hubiera votado en conciencia. «Por supuestísimo que sí y creo que más gente que yo», aseguró. De esta manera dejó la puerta abierta a mostrar su desacuerdo en la votación pública que se realizará hoy en el Congreso a petición de IU, que también solicita la retirada de la reforma.

Pero la de Villalobos no fue la única fisura que se produjo en el PP apenas unas horas después del intento de aparcar las diferencias. Un diputado de PP en las Cortes de Castilla y León apoyó una moción del PSOE que rechazaba revisar la ley del aborto. Además, otro diputado popular optó por no participar en la votación secreta. Unas 'deserciones' muy aplaudidas desde la oposición. «Tenemos que felicitarnos porque esta iniciativa ha permitido mostrar que sí hay alguna voz, alguna conciencia, en las filas del PP en Castilla y León que está en contra de esa reforma de Gallardón», aseguró el secretario de organización del PSOE, Óscar López.

Sin embargo, a pesar de las voces discrepantes, la versión oficial en el PP sigue siendo la de unidad ante este asunto. «Este Gobierno debe actuar de acuerdo con el mandato de los ciudadanos y de esta Cámara», aseguró Gallardón, quien presumió del «compromiso» de su partido y criticó la estrategia del PSOE. «Solo buscan dividir. Pero no lo han logrado», afirmó. Para el portavoz del grupo parlamentario, Alfonso Alonso, lo que ayer demostró el PP es que está «unido en la defensa del Gobierno». Pero a pesar del discurso optimista, Alonso tuvo que reconocer la existencia en el partido de distintas opiniones: «La unanimidad nunca existe».

Aspectos polémicos

Tanto en el PP como en el Ejecutivo insisten en que la reforma todavía es solo un anteproyecto que se encuentra en la fase de consultas para introducir «mejoras». Pero ¿qué cambios resolverían las discrepancias internas? Algunas voces críticas como la de Villalobos o la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se han mostrado partidarias de una legislación de plazos como la actual frente a la ley de supuestos que impulsa Gallardón. Sin embargo, un cambio en este sentido es inviable ya que el ministro de Justicia ha repetido hasta la saciedad que las posibles modificaciones no alterarán «su espíritu». Es decir, se mantendrán los supuestos.

Más consenso existe entre los detractores internos en la necesidad de incluir un tercer supuesto -el de malformación del feto- que ya estaba contemplado en la ley de 1985. Y es que el anteproyecto reduce a los casos de violación y de riesgos para la salud física o psíquica de la madre los supuestos para interrumpir el embarazo. En este sentido se han pronunciado importantes barones territoriales como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, o el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Ambos han solicitado «un consenso similar» a la ley de 1985 que incluía los tres supuestos.

Tampoco ha gustado a este sector del PP el complejo y prolongado proceso que debe realizar una mujer que decide abortar. Y es que la reforma del Gobierno contempla que si una embarazada alega riesgo psíquico tendrá que ser acreditado en un informe firmado por dos médicos (ahora solo es uno) que además no pueden ser los mismos que le practiquen el aborto ni trabajar en el mismo centro. Posteriormente la mujer recibe un «asesoramiento asistencial completo» en el que se le muestran alternativas al aborto y después se habilita un periodo de siete días -actualmente son tres-para «reflexionar» sobre su decisión. Una simplificación de este apartado podría acallar algunas dudas.

En cualquier caso, la incógnita está en saber hasta qué punto las voces críticas que suenan en los pasillos estarían dispuestos a romper en una votación la disciplina de voto y la alabada unidad.