El Gobierno mantiene el perfil bajo para no «tensar» las relaciones con Cataluña

Cristóbal Montoro se erigió en defensor de la estrategia de Mariano Rajoy para Cataluña ante las acusaciones de la portavoz de UPyD sobre la «inacción» del Ejecutivo ante el desafío independentista de Artur Mas. Rosa Díez trasladó a sede parlamentaria en la sesión de control al Gobierno las quejas de los sectores más radicales del PP o del expresidente José María Aznar sobre la, a su juicio, pasividad de Rajoy ante los pasos hacia el referéndum de autodeterminación. Pero se topó con el muro del ministro de Hacienda, quien anticipó que las medidas extremas, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no figura, por ahora en el arsenal gubernamental de respuestas.

«El Gobierno -explicó ayer Montoro- irá haciendo en cada momento las acciones pertinente para que las leyes se cumplan», pero no va a crear «tensiones adicionales» con el Ejecutivo de Mas. Rajoy, hasta ahora, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la declaración del Parlamento autonómico que declaró en enero del año pasado que Cataluña es un «sujeto político y jurídico soberano» para decidir su futuro. Pero no ha impugnado, en cambio, la fecha ni las preguntas del referéndum.

El Gobierno también tiene previsto recurrir ante la corte de garantías la convocatoria de la consulta cuando se materialice allá por septiembre próximo. Entre sus planes no figura por el momento el envío de requerimientos para instar al cumplimiento de leyes, paso previo a la intervención del gobierno autonómico contemplada en el artículo 155 de la Constitución.

El ministro aseguró que la postura del Gobierno es «firme y segura» con una combinación de «prudencia y determinación», pero «sin tensar más de lo estrictamente necesario» para no hacer el juego a Mas con la sobrevaloración de las estrategias y posibilidades de los soberanistas.

Unas explicaciones que no convencieron en absoluto a Díez, que consideró que el Gobierno de Rajoy no hace lo suficiente ante «la burla» del Ejecutivo nacionalista de Mas con su vulneración «flagrante» de las leyes y el «desacato» ante las sentencias de los tribunales. La líder de UPyD consideró que es «absolutamente inaceptable» encastillarse en «la retórica» de que se hará cumplir la ley mientras la otra parte, el Gobierno catalán, vulnera la ley.

Operetas y cirujanos

La Generalitat, en cambio, no mostró reparos en tensar la situación. En un documento de 50 páginas, titulado 'Estrechar los lazos en libertad', el Ejecutivo de Mas respondió al memorándum que Exteriores distribuyó entre el cuerpo diplomático español para hacer frente a la ofensiva del independentismo catalán. Entre sus argumentos se advierte de que si el debate sobre el encaje de Cataluña en España se «cierra en falso» y se ignora la voluntad soberanista mayoritaria del pueblo catalán, la situación puede desembocar en una situación como la que vive Ucrania en estos momentos.

El informe del Gobierno catalán sostiene que el proceso independentista responde a una reclamación «mayoritaria» de la sociedad y el «Parlament y la Generalitat han actuado en coherencia a esa petición». «Dejemos los desgarros sentimentales para las operetas, y las amputaciones para los cirujanos», señala.

Otro de los razonamientos que apunta el texto, que obvia las consecuencias económicas de la independencia y la posible salida de la UE, pone el acento en que el restablecimiento de la Generalitat, aprobado en un decreto ley en 1977, es anterior a la Constitución de 1978, y su legitimidad histórica, por tanto, no puede derivar de ésta.

El texto del Gobierno catalán reclama que el «respeto a la legalidad» no sea el único referente a la hora de dirimir cuestiones políticas. A su entender, si siempre hubiera sido así, «todavía existiría la esclavitud, la prohibición del voto de las mujeres o la persecución de los homosexuales». Siguiendo este mismo razonamiento, añade, España no sería una democracia, si los españoles no hubieran ejercido su derecho a decidir vulnerando la legislación franquista vigente.

La Generalitat trata de presentar, por tanto, una consulta amable -«la catalanidad no es una forma de antiespañolismo»-, con la que no quiere «romper nada» ni «levantar fronteras», sino «estrechar lazos» en el marco de la UE. Critica asimismo que «no es en absoluto serio hacer referencia al supuesto empeño por los límites fronterizos en Cataluña», cuando existe una «obsesión por defender peñascos deshabitados en el norte de África, fruto de absurdas guerras coloniales». «No parece lícito, concluye, ofuscarse por un minúsculo territorio que pertenece legalmente al Reino Unido desde 1713 (Gibraltar) y acusar a Cataluña de obcecarse por hechos que sucedieron justamente en 1714».