Alaya investiga el papel del vicepresidente andaluz, Diego Valderas, en unas ayudas

La jueza que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha rechazado tomar declaración al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), aunque ha acordado que la Guardia Civil investigue la solvencia de varias ayudas en las que intervinieron. Alaya responde en un auto conocido ayer a una petición realizada por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, considerado uno de los principales implicados en el fraude, quien reclamó a la jueza que interrogue a los dos políticos porque participaron «muy activamente» en la concesión de ayudas por medio de transferencias de financiación, el sistema cuestionado por la magistrada.

Guerrero había pedido que Valderas y Rodríguez Villalobos «acrediten la solvencia» de las ayudas. La magistrado pide a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investigue pero no tomará declaración a ambos políticos hasta que no avancen las pesquisas. Alaya rechaza también la petición de Guerrero de que comparezca el jefe de la UCO, que posterga también al final de la instrucción.

Las ayudas investigadas ahora, que fueron concedidas con cargo a la partida 31L, que el propio Guerrero llamó «fondo de reptiles», se refieren a las otorgadas a la Diputación de Sevilla para el programa 'Sevilla son sus pueblos' y a las empresas Autologística de Andalucía, S.A., Roda Textil, estas concedidas por Villalobos, que fue alcalde de La Roda, y Centro Limpieza Industrial Huevar, por lo que respecta a Valderas. La petición de Guerrero, presentada en noviembre pasado por su abogado, Fernando de Pablo, se basaba en que «a lo largo de las presentes diligencias se viene cuestionando, en relación a la concesión de ayudas, la carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación».

Advertencias de Griñán

Además, pide a la Junta los informes de la Intervención General del Estado alertando de un mal uso de las transferencias de financiación. Acuerda requerir a la secretaría del Consejo de Gobierno andaluz y a la Consejería de Economía y Hacienda para que remita a los informes de los que haya dado cuenta el consejero de Economía y Hacienda desde 2001. Desde entonces han ostentado el cargo Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y Antonio Ávila (Economía).

Alaya respondió así a una petición de los abogados del PP-A, que señalaba en especial a Griñán que, según cita la petición de esta parte y recoge Europa Press, «puso en conocimiento de todo el Consejo de Gobierno de la Junta las irregularidades cometidas por las distintas consejerías en la tramitación de los expedientes administrativos para el envío de fondos a las empresas públicas a través de las transferencias de financiación y sus consecuencias perversas en la contabilidad». El PP-A, que aporta documentación a la que ha tenido acceso a través del caso Invercaria, añadía en su escrito que «si a ello unimos el conocimiento cierto que la Consejería de Economía y Hacienda tenía de los hechos a través de la Intervención General de la Junta, podemos concluir que más de la mitad de los consejeros del Gobierno de la Junta presidido por Manuel Chaves conocía con certeza el uso ilegal que se venía haciendo de las transferencias de financiación como forma de envío de fondos, no sólo a la agencia IDEA, sino a la mayoría de las empresas públicas, para evitar la fiscalización previa».

Pues bien, la jueza dictó un auto en el que afirma que, en el escrito del PP-A, «se formulan determinadas alegaciones en relación al conocimiento por parte del Consejo de Gobierno de las irregularidades cometidas por las distintas consejerías en la contabilización de las transferencias de financiación, aportando documentación a la que ha tenido acceso a través de otro procedimiento».

Respecto a la petición del PP-A para que se vuelva a tomar declaración al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, la jueza indica que esperará a recibir la documentación solicitada. En el mismo auto la jueza resuelve numerosos recursos de las partes y, así, reclama diversos datos respecto a empresas investigadas, entre ellos la contabilidad de la mediadora Uniter entre los años 2006 y 2010, diversas empresas de la Sierra Norte sevillana o la asociación Faja Pirítica de Huelva y agrega la petición de sendos acuerdos del Consejo de Gobierno por los que se otorgaba a los extrabajadores de Delphi ayudas por 126 millones de euros para pagar las prejubilaciones.