La oposición acusa al PP de liquidar la justicia universal como favor a China

Todos los grupos de la oposición acusaron ayer al PP de tramitar una reforma legal -con 179 votos a favor y 163 en contra- que restringirá de forma casi total las posibilidades de que los tribunales españoles puedan investigar crímenes y violaciones de derechos cometidas en el extranjero investigados ahora por la Audiencia Nacional con el único objetivo de satisfacer las presiones de países como China y Estados Unidos.

Hasta ahora, el tribunal central español podía investigar los genocicios, torturas o desapariciones forzadas en cualquier punto del planeta solo con que hubiese víctimas españolas o una notable vinculación del caso con España. Tras la reforma que patrocina el PP, la apertura de estas causas solo será posible si el autor es español o vive en España. Los únicos delitos ocurridos en el extranjero para los que el mero origen de las víctimas será condición suficiente para su persecución son los de terrorismo, piratería o tráfico de seres humanos. Pero, además, ya no se podrá iniciar causa alguna de este tipo si no lo pide un fiscal o un perjudicado directo. La acusación popular desaparece.

Con términos como «liquidación», «entierro» o «derogación», los grupos opositores acusaron a los populares de realizar «el trabajo sucio» al Gobierno de Mariano Rajoy para garantizar la «impunidad» a exmandatarios militares de poderosos estados que no reconocen la Corte Penal Internacional a costa de negar a víctimas españolas el esclarecimiento y el derecho a la Justicia por crímenes de lesa humanidad ocurridos en cualquier punto del mundo y que han sido ignorados por esos países o regímenes.

Los argumentos del PP, que aseguró que la reforma solo pretende terminar con investigaciones judiciales «quijotescas» e «ineficaces», que solo generan «decepción» y «falsas expectativas» en las víctimas y «conflictos diplomáticos» a España, fueron rechazados con dureza por toda la oposición, que advirtió al grupo que soporta al Gobierno de que tendrá que aprobar la ley con sus únicos votos e imponer las limitaciones a la justicia universal a todo el resto del hemiciclo.

La indignación mostrada en el Congreso por los portavoces, por lo que Gaspar Llamazares, de IU, bautizó como «ley de punto final de la jurisdicción universal en España», alcanzó tal altura que desde la tribuna del hemiciclo se alentaron unos a otros a presentar en cuanto se apruebe la norma un recurso de inconstitucionalidad y reiteraron el aviso al Ejecutivo de que, en cuanto cambien las mayorías parlamentarias, derogarán esta reforma. En esta conjura política, aún en fase incipiente, participaron desde el PSOE, IU y UPyD hasta los nacionalistas de CiU, PNV, Esquerra, BNG o Amaiur.

Aprobación rápida

El PP, que solo vio demagogia en las críticas generalizadas, rechazó que vaya a restringuir el ejercicio de la justicia universal en España y aseguró que, simplemente, solo autorizarán investigaciones que no invadan las jurisdicciones nacionales. Afirmó que no solo no limitará las indagaciones en el exterior sino que las aumentará a violencia contra la mujer y abusos sexuales contra menores. También dejó claro que aprobará la reforma, con apoyo o sin él, y que, además, lo hará rápido. La ley podría estar ya en vigor en mayo o junio próximos.

Lo que no trató el portavoz popular en ninguna de sus dos intervenciones fue uno de los puntos más criticados por la oposición. La disposición que dice que, con la entrada en vigor de la ley, los tribunales tendrán que archivar la docena de investigaciones en marcha en España y no podrán reabrirlas salvo que cumplan las nuevas exigencias. Eso supondrá el cierre definitivo de casos como los del Tíbet, el asesinato en Irak de José Couso y en El Salvador de Ignacio Ellacuría, el holocausto nazi, los vuelos secretos de la CIA, las torturas de Guantánamo, o los genocidios de Ruanda o el Sáhara

En nada ayudaron a dar consistencia a los argumentos gubernamentales las declaraciones que pocas horas antes hizo la titular china de Asuntos Exteriores, que dejó claro a Rajoy que las relaciones bilaterales entre ambos países pasarían por problemas si la Audiencia Nacional no abandona la investigación por el genocidio del gigante asiático en el Tibet. El Ejecutivo chino está muy enfadado por la emisión del tribunal de una orden de detención internacional contra el expresidente Jiang Zemin y otros exmandatarios por la mantanza de tibetanos.