El Gobierno pide una explicación «exhaustiva» de la tragedia de Ceuta

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno, para despejar todas las dudas e incógnitas, ha encargado a la Guardia Civil un informe «exhaustivo» sobre el asalto masivo a la frontera de Ceuta del pasado jueves en el que murieron ahogados al menos quince inmigrantes, y recordó que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecerá en el Congreso mañana para explicar los hechos. Antes lo hará hoy en Ceuta el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien el martes levantó las iras de numerosas ONG con unas declaraciones en las que instó a estas organizaciones -veinte de las cuales presentaron una petición de investigación de lo ocurrido ante la Fiscalía General del Estado- a «preguntar de vez en cuando en qué condiciones realizan su trabajo los agentes» que prestan labor en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, y no solo a interesarse por los subsaharianos.

Sáenz de Santamaría defendió la labor de la Guardia Civil en la salvaguarda de las fronteras y recordó que a lo largo del último año el instituto armado ha rescatado del mar a 3.500 personas que intentaban llegar a España de forma ilegal. Al contrario que Fernández de Mesa, la vicepresidenta evitó el encontronazo con las ONG y destacó su labor en la gestión de la inmigración y en los procesos de asilo.

Sin esperar a las explicaciones que vaya a ofrecer el Gobierno, varias ONG insistieron en su empeño de esclarecer los motivos de la tragedia. A la denuncia formalizada ante la Fiscalía se sumaron ayer las peticiones de la Asociación Europea Pro Derechos Humanos para abrir comisiones de investigación tanto en el Congreso como en el Parlamento europeo. Según explicó esta organización formada por ONG de todo el continente, el propósito de estas solicitudes es depurar todas las responsabilidades por las muertes de estos inmigrantes y por las posibles vulneraciones de la legalidad que se den en el control de los pasos fronterizos entre Ceuta y Marruecos.

Mientras, otras organizaciones no gubernamentales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o S.O.S. Racismo exigieron al Ejecutivo que aclare la forma en que se hizo uso de material antidisturbios y si existió omisión en el deber de socorro a los inmigrantes que fallecieron ahogados cuando intentaban alcanzar la playa del Tarajal de Ceuta. Basan sus dudas en la declaración de algunos testigos que han afirmado que varios de los inmigrantes ahogados recibieron impactos de pelotas de goma en la cabeza, un extremo negado desde el Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

La Guardia Civil se defiende

Izquierda Unida, a su vez, anunció que solicitará el vídeo original del asalto que grabó la Guardia Civil y del que se hizo público el lunes un fragmento visiblemente editado con el fin de mostrar los ataques con piedras que sufrieron los agentes del instituto armado. Entre las imágenes no se incluyó sin embargo ninguna de los inmigrantes que se lanzaron al mar para llegar a suelo español lo que dio pie al portavoz de la coalición en el Congreso, José Luis Centella, a afirmar que el vídeo arroja sospechas de haber sido manipulado.

La Unión de Guardias Civiles salió en defensa de los agentes que custodiaban la valla en el momento del asalto tras las críticas vertidas por su actuación durante los últimos días. La segunda asociación en numero de afiliados del instituto armado fue contundente: «No somos asesinos sino garantes de la vida y los derechos de todos, sean españoles o no». Señaló además que durante el transcurso del asalto solo se usó material antidisturbios contra los inmigrantes que intentaron superar por tierra la valla, y nunca contra los que se lanzaron al mar. «Afirmar que hemos disparado tanto a los que pretendían entrar a nado como a los flotadores que usaron es intolerable», se añadió.

Además, la asociación recordó que los agentes están desplegados para cumplir las órdenes que se les dan, y que, en estos momentos, una de esas directrices es la de evitar la entrada en España de toda persona indocumentada. La Unión de Guardias Civiles advirtió además a las ONG que acusan al cuerpo armado de haber actuado de forma negligente que estudian emprender acciones legales.